A tres años del derrame en el Río Sonora

06 agosto 2017

06 de Agosto 2017
Fuente: Proceso
Nota: Luis Miguel Cano López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se calificó como el peor desastre de contaminación de parte de la industria minera y fue provocado por Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, de Germán Larrea. Ese solo hecho debió ser suficiente para que la solución del caso se volviera ejemplar. Sin embargo, autoridades y empresa lo que han buscado es negar su responsabilidad, minimizar su obligación de reparación integral, apostar por la opacidad y hasta el olvido. Pero la gente en el río Sonora recuerda.

El derrame de la mina Buenavista en el río Sonora. Foto: Profepa. Foto tomada de Proceso.

Recuerda la calidad de vida de la que gozaban antes del derrame tóxico. Que podían beber del agua de la llave sin temor alguno. Que en el río desarrollaban actividades recreativas. Que recibían al turismo interesado en tan bellos parajes. Que los alimentos producidos eran de los más apreciados. Y por supuesto, apostar por la memoria en lugar del olvido les ha hecho ir a buscar justicia.

Justicia en los tribunales del país. Justicia que apenas asoma, a más de dos años de iniciadas las primeras acciones legales. Por lo que a mí me ha tocado atestiguar –como abogado del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización regional, sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en México y América Latina, con una perspectiva de derechos humanos, la cual acompaña a las personas organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora–, esta gente del norte de México no solamente recuerda, sino que lucha para que las violaciones a derechos humanos que han sufrido, no se repitan nunca más.

La tarea no ha sido fácil. Tras el derrame, las autoridades federales prometieron en sus discursos reparación y sanción, pero en estos tres años su actuar ha sido otro. Ahora sostienen que remediar las consecuencias del derrame no es tanto su responsabilidad, sino que primordialmente corresponde a la empresa. Y a la hora de exigirles a ellas, terminan por no hacer nada para ayudar a las personas.

A ello se suma, de entrada, que la empresa mintió sobre el origen del derrame –culpó a las lluvias excesivas, las cuales en realidad no existieron–, para luego hablar de un accidente, una falla –cuando la verdad es que empleó instalaciones a medio construir, y no bien vigiladas por las autoridades–, terminó por acotar su responsabilidad con la creación del Fideicomiso Río Sonora, el cual quedó a cargo de la dirección del subsecretario Rodolfo Lacy Tamayo, de la Semarnat. No obstante, con el tiempo se ha visto que esa maniobra la ha realizado no tanto para lograr la reparación integral de su derrame, sino para reducir al máximo lo que le debe a la gente del río. Y peor aún, las autoridades han secundado este proceder.

Ejemplos de ello, un proyecto para la reactivación agropecuaria de la región que no se ha concretado, y el más reciente, el anuncio de la disminución de las plantas potabilizadoras y el desvanecimiento de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS). Respecto del primero –tan necesario en poblaciones que tienen como actividades económicas principales a la agricultura y la ganadería–, la Sagarpa ha dicho que no puede hacer nada si no le liberan fondos del Fideicomiso aludido, mientras que la postura en juicio del subsecretario de la Semarnat es que el campo no es igual al medio ambiente, por lo cual no toca remediarlo en tal sede.

En torno a lo segundo, un delegado de Gobernación y hasta la gobernadora de Sonora anunciaron hace unas semanas que como al parecer todo estaba bien en el río, no hacían falta tantas plantas potabilizadoras, ni que la UVEAS funcionara como una clínica de atención médica especializada. Al tomar por bueno el dicho de la empresa –que para este día sostiene que todo ha sido corregido y que por tanto lo que toca es dar vuelta a la página, sin siquiera una disculpa pública a la población del río por lo ocurrido–, se alinean con el subsecretario Lacy, actuando como si estuvieran al servicio de Grupo México y no de las personas afectadas.

Frente a ello, la gente organizada en los Comités de Cuenca Río Sonora no solamente recuerda, sino que ha demandado el respeto a sus derechos humanos.

No ha faltado un juzgado federal que asuma por postura que las únicas personas con legitimidad para impugnar en un juicio de amparo lo que hace la empresa, son las que habitan en el mismo municipio en el que se ubica, sin reflexionar que frente a un derrame como el de hace tres años, son justamente las personas que viven en las comunidades río abajo las que tienen todo el interés para buscar que se les garanticen sus derechos. Tampoco ha faltado juzgado de amparo que sostenga que el Fideicomiso Río Sonora es un fondo privado que tampoco puede ser cuestionado por esta vía, sin pensar en que, si ello fuera acertado, no se explicaría porqué un subsecretario federal trabaja para defender dichos intereses privados.

Contra todo, a paso más lento del esperado, la estrategia legal usada va dando frutos. Una sentencia de amparo de primera instancia acaba de reconocer que para hacer las mediciones de la calidad del agua de los pozos de la región, en torno a la presencia de metales pesados en ella, se debe usar el estándar más exigente, sea que se encuentre en la norma oficial mexicana 127-SSAI-1994 o en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud.

Tras este fallo, lo que sigue es tener certeza sobre el impacto del derrame en la salud de la población. Más porque no se ha hecho pública información fiable que brinde tranquilidad sobre su impacto en los suelos, en los cultivos y en el ganado. Ante tal escenario, hoy más que antes son urgentes las plantas potabilizadoras en cada población, la concreción de la UVEAS –en su día comprometida como una clínica especializada sin precedente en México–, y varias medidas adicionales para reparar integralmente lo ocurrido por culpa de la mina Buenavista del Cobre.

A largo plazo, lo que está en disputa es el modelo de gestión de los intereses públicos. Pudieran negarnos uno u otro amparo, pero jamás podrán arrebatarle sus derechos a la gente que los hace valer, porque a fin de cuentas, lo que se busca es un gobierno que realmente actúe en representación de los intereses de la mayoría de la población, y no de las empresas que explotan nuestros recursos naturales, sin importarles las consecuencias negativas y la violación de derechos.