Acusan a Segob de viciar pleito limítrofe

15 noviembre 2007

Ciudad de México (15 de noviembre de 2007).- En un oficio enviado el Presidente de la República, el gobernador de Colima, Silverio Cavazos, acusó a la Secretaría de Gobernación de actuar con “dolo y deliberada parcialidad” en favor del gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, en el conflicto limítrofe entre ambas entidades.

En el documento fechado el 13 de noviembre, Cavazos pidió al primer mandatario que el Ejército vigile la zona en conflicto, con el fin “de evitar un enfrentamiento entre las policías de Colima y Jalisco.

Ayer por la tarde, Cavazos se reunió con Felipe Calderón para informarle de esta situación y señaló al Presidente “le quedaron claras las faltas que está cometiendo Jalisco, por lo que no comparte la idea que tiene la Secretaría de Gobernación”.

Respecto a la participación del Ejército que en lugar de vigilar la zona, se encuentra apostado en el territorio de Colima, Silverio Cavazos manifestó que después de su plática con el Presidente se espera que la Secretaría de la Defensa actúe en el marco en que se está solicitando.

Los conflictos limítrofes entre Colima y Jalisco llevan diez años, explicó el secretario de Gobierno de Colima, Héctor Michel, quien subrayó que los jaliciences tienen interés en estas zonas porque son terrenos de playa con un valor en el mercado de 2 mil 500 dólares el metro cuadrado y de una mina de acero.

Los municipios que están en esta situación son Cuauhtémoc, Comala, Minatitlán y Manzanillo, por el lado de Colima, con una superficie de 500 kilómetros cuadrados.

En el ejido de El Rebalse se presentaron problemas, debido a que el gobierno de Jalisco decidió hacer construcciones, pero el de Colima las clausuró.

En Manzanillo, seis funcionarios del municipio de Cihuatlán, Jalisco, rompieron los sellos para seguir con la construcción, por lo que fueron detenidos por la policía de Colima.

El presidente municipal de Cihuatlán, Enrique González, movilizó a su población para tomar dos puentes que comunican a los poblados aledaños a los dos estados, señaló el secretario de Gobierno.

Explicó que este tipo de acciones han puesto en tensión a las poblaciones, y que no era necesario tomar los puentes de Cihuatlán y El Rebalse, ya que de cualquier forma, los funcionarios que fueron remitidos al Ministerio Público podían salir de la cárcel bajo fianza.

La construcción que se llevaba a cabo en el municipio de Manzanillo era para llevar agua potable a los fraccionamientos Música del Mar y Playa Grande.

Héctor Michel explicó que en Minatitlán los conflictos se han dado porque ahí está la mina Peña Colorada que produce acero y deja impuestos a la federación por más de 4 mil millones de pesos.

En esta zona, el gobierno de Jalisco también pretendió hacer construcciones, además de que tiene elementos de la policía estatal patrullando y existen amenazas de que se le disparará a cualquier colimense que entre a este territorio.

Ante esta situación después de 10 años de conflicto entre Colima y Jalisco y debido a que el Ejército se apostó en el terreno en conflicto, el mandatario colimense decidió enviarle la misiva al Presidente y reunirse con él.

En el oficio que le envía al Presidente, señala que “al pueblo y al gobierno de Colima lo lastima profundamente la imprudencia de la Segob, que de manera equívoca apuesta a una indignante defensa de pequeños intereses que esconden viejas y nuevas formas de caciquismo y de privilegios”.

Y le garantiza que está en la mejor disposición para llegar a entendimientos y acuerdos para asegurar la tranquilidad, pero le deja claro que ello no supone que claudicará de los intereses del pueblo de Colima.

Entrevistado después de la reu-nión que sostuvo con Calderón, el gobernador de Colima manifestó que éste se comprometió a investigar lo que está sucediendo y le expresó que iba a tomar cartas en el asunto.

Conflicto

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, señaló que no se manejará con demostraciones de fuerza policial el conflicto limítrofe con Colima, ya que “es un tema de justicia y de leyes, y no de fuerza”.

El pasado 5 de noviembre, más de 100 policías judiciales de Colima invadieron la zona de El Rebalse, en Cihuatlán, para clausurar la obra de agua potable y detener a seis personas.

Por: Georgina Morett

Fuente: Milenio

Sitio web: http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=567957&sec=21

 

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