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Agua, demagogia, ilegalidad

26 marzo 2012

25 de marzo de 2012
Fuente: Alianza Tex
Nota de Jean Meyer

Parece que la ley es impotente frente a la ilegal construcción del Acueducto Independencia, con la cual el gobernador de Sonora pretende resolver el problema de la escasez de agua en Hermosillo, en detrimento de la agricultura y de los habitantes del Valle del Yaqui. Lo más grave es que, si uno debe creer las repetidas declaraciones del gobernador y de su secretario de Gobierno, esa demagógica violación de la legalidad, que pone al gobernador en situación de desacato, goza del apoyo del Presidente de la República.

La cuestión del agua, en el mundo entero, es una de las más serias de los años que vienen. Por lo mismo, pretender imponer soluciones parciales, que ni serán soluciones, y realizar al vapor obras de corto alcance que provocan la división de la sociedad es algo potencialmente catastrófico. Decir “nada ni nadie me detendrá”, y cumplir efectiva e ilegalmente con lo dicho, poco tiene que ver con un gobierno democrático, y nada que ver con una resolución razonable y a largo plazo del indiscutible problema de la escasez de agua.

El 29 de diciembre pasado, el juez Décimo de Distrito, con sede en Hermosillo, a petición de la juez Octava Federal de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, volvió a ordenar el uso de la fuerza pública para detener la obra del Acueducto Independencia. En esta ocasión pidió el auxilio de 150 elementos federales para acordonar la obra en sus diferentes frentes de construcción. Hay que recordar que en la ocasión anterior, después de la orden de suspensión, el gobernador no hizo caso del ordenamiento judicial, como tampoco había hecho caso en ordenamientos desde 2010. Más claro no puede ser el desacato: la obra sigue. Además, el gobernador ha manifestado que en nada le importa el Congreso local, pues al mismo tiempo que ordenaba a los diputados de su partido, el PAN, romper el quórum en la sesión donde se votaría en contra de su plan presupuestal, por otro lado organizaba un programa especial con los medios de comunicación para acusar a los otros partidos de “detener el progreso en Sonora”.

¿Hacen algo la Conagua, bajo la dirección del ingeniero José Luis Luege, y la Presidencia, para poner fin a un conflicto que divide profundamente la sociedad sonorense y afecta el funcionamiento legal y democrático de las instituciones? ¿Por qué no se realiza la suspensión de las obras, repetidamente dictada por los jueces, mientras resuelven el fondo de los diversos juicios de garantías pendientes? En ellos tendrá que demostrarse la utilidad pública, así como también la entrega, en su caso, de la indemnización constitucional prometida por el gobierno del estado a los usuarios del distrito de riego del río Yaqui; en el caso de que la justicia federal aprobara la expropiación de los derechos de agua superficial de los usuarios. ¿Por qué?

Para crear hechos irrevocables, lo que es un procedimiento despótico totalmente inaceptable y demasiado peligroso. ¡Qué ejemplo dan las autoridades! A la reiterada desobediencia del gobierno de Sonora frente a los exhortos de los jueces, a esa falta de respeto al Poder Judicial Federal, se añadiría, si uno debe creer al secretario de Gobierno de Padrés, el hecho de que el Presidente de la República y su entonces secretario de Hacienda se “brincaron las trancas”. ¿Cómo? El secretario de Gobierno pretende, con alegría y agradecimiento, que violaron la Ley de Presupuesto aprobado por el Congreso, en su ramo de Egresos, al otorgar 2 mil millones de pesos a la, hasta ahora, ilegal construcción del Acueducto Independencia, popularmente conocido como El Novillo.

Quizá un poco preocupado por la resistencia civil a su proyecto, el gobernador pensaba organizar un referéndum, el mero día de las elecciones locales, el próximo primero de julio, sobre su plan hidráulico: el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal rechazó, el 29 de febrero, la realización de dicho plebiscito, presentado por Padrés.

La sequía presente y futura llevó el año pasado, a fines de abril, al gobernador de Texas a proponer tres días de oraciones para “aliviar nuestra tierra, reconstruir nuestras comunidades y restablecer nuestro modo de vida normal”. Obviamente eso no resolvió el problema, no alivió la tierra, pero no dividió las comunidades, no creó tensión social como lo hace el gobernador de Sonora.

Las malas lenguas dicen, no sin fundamento, que se trata de retirarle el agua a la agricultura para convertirla en mercancía de intereses privados. Cierto o no, existen opciones mucho mejores que desvestir a Pedro para vestir a Pablo: repensar los antiguos proyectos hidráulicos a escala de la más amplia región del noroeste y recurrir a la desalación del agua de mar.