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Cercana libertad de Mario Luna

Foto: Archivo.Crítica
 

El integrante de la Tribu Yaqui quien es considerado preso político de la administración del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por oponerse a la construcción y operación del Acueducto Independencia, obtuvo un primer acaparo el pasado 12 de febrero

El 19 de junio pasado, Mario Luna fue enfático en la entrevista que Dossier Político le realizara vía telefónica sobre la orden de aprehensión que la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió contra el vocero de la Tribu Yaqui que asegura respetar los acuerdos pactados con los tres órdenes de Gobierno en su lucha contra el Acueducto Independencia.

El integrante del grupo de opositores a la obra hidráulica que el delegado de la Conagua en Sonora, César Lagarda Lagarda, ha calificado de deficiente, sostiene que la acción judicial debe ser detenida pues sólo demuestra que su lucha es legítima y tiene fundamentos legales por lo que pide al procurador Carlos Navarro Sugich dejar la persecución política.

En atención a la solicitud hecha por Dossier Político, Mario Luna dijo sentirse tranquilo y que no cuenta con amparo alguno pues la ley y la justicia están de su lado por lo que en caso de que se le ejecute dicha orden de aprehensión seguirá el proceso legal y pondrá su caso en instancias federales.

Sobre los compromisos asumidos con la Federación y Estado respecto de los bloqueos en Vícam, indicó que la Tribu Yaqui ha mantenido firme su compromiso de no implementarlos en tanto las autoridades señaladas sigan empeñando su palabra de cumplir su parte sobre todo en el seguimiento de la ordenanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta.

Como se recordará, el miércoles en rueda de prensa se dio a conocer la sentencia del amparo en Revisión 93/201 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que confirma la orden de aprehensión girada el 1 de junio del 2013 por el Juez Tercero de Primea Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículos de propulsión mecánica en contra de Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, aunado a la orden de aprehensión el pasado junio del 2013 de Tomás Rojo defensor de los derechos humanos y vocero, desde el 2010 su lucha es contra la privatización del agua y la imposición de la construcción del Acueducto Independencia.

Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la imposición del acueducto Independencia es debido a la voracidad extractiva de los recursos naturales, los ataques a la vida de los pueblos originarios y su entorno social; de la misma manera comenta que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierten que México está en los primeros lugares en investigaciones sobre atentados contra defensores del territorio (desaparición, acoso, asesinato y encarcelamiento), casos como el de Juan Carlos Flores vocero y defensor de los derechos humanos del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra- Morelos y Tlaxcala y Puebla, Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y comuneros opositores a la presa la Parota.

Úrsula Garzón del Centro Mexicano de Derechos Ambientales y Perseo Quiroz de Amnistía Internacional enfatizan que la sistemática violación a los derechos humanos y sociales parte de la imposición del acueducto a pesar de que en el 8 de mayo del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y llevar a cabo la consulta, proceso que hasta el momento se encuentra en desarrollo y como también lo señala un documento dirigido el día de hoy a Miguel Ángel Osorio secretario de Gobernación por parte de más de 200  organizaciones nacionales e internacionales, las cuales externan su preocupación y rechazo ante la sentencia en el amparo.

Mario Luna logró participar en la conferencia por una transmisión vía Skype y comenta que la consulta está respaldada no solo por el pueblo Yaqui si no por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y esta solo es una garante de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. 

Denuncia que la persecución no tiene fundamentos y que si todo se lleva apegado a ley, se demostrará su inocencia pues los delitos que se les acusan no tienen fundamentos.

En conclusión los conferencistas concuerdan con  tres puntos: 

En México las obras se realizan sin estudios previos de impacto ambiental, se desacatan las sentencias de la SCJN y la nueva ley de amparo no funciona debidamente.

Mario Luna reveló en entrevista para Dossier Político que la Procuraduría General de Justicia lo acusa de privación ilegal de la libertad cuando el hecho es que se trata de una acción fundamentada en los usos y costumbres de la Tribu Yaqui, por lo que la orden de aprehensión en su contra es totalmente infundada.

Tras la cobertura informativa realizada por DP sobre la problemática social, jurídica, constitucional, técnica, política y económica que ha generado la construcción del Acueducto Independencia y la férrea defensa del agua que ha emprendido la Tribu Yaqui, el vocero confía a este medio que no cuenta con amparo pues no ha transgredido la ley.

Apuntó que lo sucedido el pasado 8 de junio del 2013 tiene fundamento en los usos y costumbres de la etnia cuando uno de los integrantes comete alguna falta y en el particular caso, se tomó una acción preventiva y correctiva; sin embargo, nada tiene que ver con la comisión de un delito.

Por ello, dijo a este medio, no existe delito alguno por lo que solicita al procurador Carlos Navarro Sugich retire la orden de aprehensión en su contra al no existir fundamento alguno para emitirla y deje la persecución política a quienes están en contra del Acueducto Independencia.

En la víspera, más de 200 organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que detrás de ésta puede estar la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes que se oponen a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia. 

Cabe recordar que Mario Luna ha fungido como el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa legal que ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, el cual pretende trasvasar a la Cuenca del Río Sonora el agua del Río Yaqui, la cual pertenece en un 50% a la Tribu.

En un hecho histórico para los derechos indígenas en México, el pasado 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y llevar a cabo la consulta, proceso que a la fecha se encuentra en desarrollo y en el que tienen un papel fundamental las autoridades, entre ellos Mario Luna.

La orden de aprehensión en contra de Mario Luna tiene que ver con hechos ocurridos el 8 de junio de 2013, cuando durante el bloqueo carretero que mantiene la Tribu Yaqui en protesta contra el Acueducto, una persona de la misma comunidad Yaqui cometió una falta cuando transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos y costumbres fue detenido, trasladado a la comisaría y sancionado.

El Gobierno del Estado de Sonora hizo del conocimiento público que Mario Luna y Tomás Rojo, ambos voceros de la Tribu en este conflicto, estaban siendo investigados por el supuesto secuestro de dicha persona, integrante de la Tribu Yaqui.

Estas acusaciones hacia las autoridades Yaquis no están fundadas ni motivadas, además de que ignoran el Artículo 2 constitucional, el cual establece que, como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas.

Es importante añadir que las acusaciones ministeriales presentan muchas dudas y contradicciones, además de que la ubicación y participación de Mario Luna, de Tomás Rojo y de los demás supuestos responsables en los hechos no es clara.

Las organizaciones firmantes señalan en la misiva dirigida al Secretario de Gobernación que “todo esto es preocupante porque se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado para criminalizar a los líderes y a los defensores del territorio de los pueblos indígenas que se oponen a algún megaproyecto de desarrollo y ésta es práctica del Estado mexicano”. Por ello, manifiestan su preocupación de que “detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer un uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.

Asimismo, advierten que “la criminalización de los voceros y líderes de la Tribu Yaqui en el asunto del Acueducto Independencia polariza la ya de por sí tensa situación”, además de que pone en riesgo el proceso de consulta que ordenó la SCJN, toda vez que “pocas cosas se oponen de forma tan rotunda a un proceso de consulta libre, que implica la apertura de un diálogo significativo y de buena fe entre las partes, que la persecución penal de los integrantes y voceros de una de las partes del proceso”.

30 de junio de 2015
Fuente: Crítica