Costa Rica: Soberanía hídrica y el hambre del capitalismo en los territorios indígenas

14 junio 2012

* Foro sobre el agua en Costa Rica

14 de junio de 2012
Fuente: Otramérica
Nota de Inés Giménez Delgado

Asistentes al foro en una de las sesiones de las mesas de trabajo. Inés Giménez

 

Agua y pueblos indígenas conforman una ecuación indivisible. Pero los monocultivos, las explotaciones mineras, madereras o petroleras, o el turismo amenazan con su necesidad de crecimiento sin límite los derechos y los territorios de los pueblos originarios de Abya Yala. En Costa Rica se ha tratado el tema a fondo y este fue el resultado.

En toda Latinoamérica nos hemos percatado de como los procesos de desarrollo pueden entrar en conflicto con los derechos de los pueblos indígenas, que ven amenazados sus territorios por los fines del sistema capitalista: explotación y expansión del sistema económico”. Así lo planteó Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, en la inauguración del Foro “La situación del Agua en los territorios indígenas de Costa Rica”, celebrado en Talamanca, Costa Rica, los días 6 y 7 de junio. Allí se denunciaron los daños ambientales que ocasionan proyectos de minería a cielo abierto, presas hidroeléctricas, complejos de turismo masivo, empresas madereras, de agroquímicos o de monocultivo en todo el continente.

Este encuentro estuvo centrado en los escenarios que viven los pueblos térraba, bribri, cabécar, gnäbe, huetar, boruca y maleku del país centroamericano, y en él, además de abordar la gestión comunitaria del agua y las carencias de los pueblos, los líderes comunitarios hicieron hincapié en las violaciones ambientales sufridas en sus territorios amenazados por proyectos extractivos y por la inseguridad jurídica que sufren cuando el estado se vuelve servil a los intereses financieros de las transnacionales.

Hidroeléctricas, turismo y brecha hídrica

Pablo Sibar, líder comunitario del Grupo de los 12, se pronunció al respecto de las presiones del gobierno costarricense, la falta de garantías y la violación de derechos que vive el pueblo térraba para aceptar el proyecto hidroeléctrico El Diquis en su territorio. “En 2007 el gobierno declaró El Diquis como proyecto de interés nacional y El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comenzó a trabajar, se pusieron recursos de amparo que fueron rechazados con el pretexto de que todavía el proyecto estaba en estudio”, narró Sibar. Apuntó además que las gestiones llegaron hasta Naciones Unidas y que “a pesar de que el gobierno dijo hace unos meses, después de la visita del relator de la ONU, que había desocupado el territorio, en realidad nunca ha salido de él. En este proceso que hemos estado se ha generado mucha violencia. El ICE ha sobornado a quienes aceptaron la presa…”.

En este marco, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad también denunció los daños causados por proyectos hidroeléctricos, monocultivo de piña y proyectos turísticos y petroleros en el norte de Costa Rica. En este sentido, reflexionó su representante Lino Rodríguez Sandoval, que “ante la mercantilización voraz y la cosificación en nombre del progreso y el desarrollo de la que ni el ser humano se escapa, tenemos el deber de denunciar enérgicamente el crimen que se perpetúa con el aval del gobierno…”.

Por su parte, Gilbert González Maroto, del Centro para el Desarrollo Indígena (CEDIN), puso el acento en la deforestación en el Pacífico Sur costarricense y en el desarrollo del servicio hotelero cerca de los territorios boruca, a costa de la sostenibilidad hídrica de sus territorios. Isabel Rivera, representante de la Asociación de Mujeres Mano de Tigre, ahondó en la expansión de la frontera agrícola-ganadera y en la conservación de las fuentes de agua que los indígenas han llevado a cabo en sus bosques. Geyner Blanco, representante maleku, reflexionó sobre la falta de control de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus territorios que viene acompañada de una gran brecha en índices de tenencia de sistemas sanitarios, equipamiento de vivienda, acceso a la electricidad, procedencia del agua o sistema de eliminación de residuos sólidos entre áreas de población indígena y no indígena. Además, analizó las recientes cifras ofrecidas por el Censo Nacional 2011 sobre población indígena en Costa Rica, que indican un aumento de la del 39% entre 2000 y 2011.

Las Asociaciones de Desarrollo Bribri y Cabécar y el antropólogo Alejandro Swaby también enunciaron el valor simbólico del agua en sus territorios y relataron experiencias de gestión comunitaria. Denunciaron la lentitud burocrática del Estado en la construcción de acueductos en Sixaola y Cahuita, así como en la ejecución de programas financieros, como el “Programa de desarrollo sostenible de la cuenca binacional del río Sixaola”, muy ambiciosos pero que no han sido elaborados con la comunidad y que, a menudo, caducan sin que los pueblos hayan visto su materialización.

La lucha de los pueblos Gnäbe y Buglé en Panamá

Una de las experiencias que además se relató fue la lucha de los pueblos Gnäbe y Buglé en Panamá que, precisamente al otro lado del Sixaola, protagonizaron recientes protestas cuando el Estado eliminó, a través de la modificación de Ley 30, la obligación de que las empresas presentaran estudios de impacto ambiental, y cuando el gobierno comenzó a promover concesiones mineras. “En ambos momentos, ante el silencio y la desorganización de la sociedad civil, los únicos que salimos a las calles a protestar por los atropellos ambientales del Estado fuimos los  Gnäbe”, señaló Pedro Abrego, vocero ngäbe-buglé, que hizo hincapié en la represión física y judicial, en los logros y en la campaña de deslegitimación del movimiento.

“En la primera represión sufrimos 6 muertos, 80 ciegos y 241 heridos con perdigón y logramos que se restablecieran los estudios de impacto ambiental de los proyectos de las transnacionales. En la segunda tuvimos tres muertos y cientos de heridos, dos de los cuales se encuentran actualmente en el hospital entre la vida y la muerte y se ha logrado derogar el instituto que se había creado para las concesiones mineras”, explicó Abrego antes de anunciar que el pueblo gnäbe no ha renunciado a sus derechos sobre las tierras y a una demanda internacional. “Con los peritajes que salgan de la ONU vamos a demandar. Es importante que los derechos colectivos de los pueblos estén reconocidos en las constituciones y que cesen las violaciones largo tiempo sufridas por un estado de excepción que impide el libre tránsito de la población gnöbe, imposibilitando, incluso, que vayamos al funeral de nuestros familiares”.

La expansión del monocultivo y el veneno químico

Otra de las amenazas que se trataron en el encuentro es la creada por el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y fungicidas en las plantaciones de monocultivo de piña, banano o plátano. A este respecto, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) presentó cifras significativas sobre la región de Talamanca, en la que se usan  mensualmente 268.000 bolsas de plástico tratadas con clorpirifos para eliminar la Siqatoca negra del cultivo del plátano. “Así, con la lógica de garantizar la estética y el tamaño de la fruta en los mercados transnacionales, se desechan mensualmente casi 6 toneladas de plástico tóxicas, de las cuales solo son acopiados 1.7 toneladas”, indicó Berna van Wendel de Joode, del IRET, que también habló de los efectos de los ClorpirifosDifenoconazol y Terbufos encontrados en aguas talamanqueñas en la salud de los niños de la región, que no cuentan con sistemas de abastecimiento de agua potable y a menudo juegan cerca de o trabajan con los cultivos tóxicos.

En este contexto, se presentó y debatió la película Silent Snow, que muestra el efecto del uso del DDT en Uganda, de químicos en la india, así como otras posibilidades de agricultura orgánica y una gestión más integral en pos de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Al encuentro asistieron también entidades como la UNESCO representantes órganos institucionales y de gobierno costarricense como la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), el Instituto Meteorológico Nacional, Acueductos y Alcantarillados (AyA) o el Instituto Nacional de la Mujer.

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