De nuevo, el gobierno de Marín será llevado a una corte internacional por delitos ambientales

15 octubre 2007

La Jornada de Oriente
2007-10-15 10:00 am

Por segunda vez en el año, el gobierno de Mario Marín Torres será juzgado por la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA) por una posible negligencia en el agotamiento de los cinco pozos artesanales de Santa María Acuexcomac y de otros pueblos cholultecas, que son los que surten de agua a la ciudad de Puebla; además, el gobierno del estado incumplió el acuerdo firmado en 1994 con esa comunidad, en donde se comprometió a realizar obra pública y resolver carencias ancestrales a cambio de la extracción del líquido.Así lo señaló el secretario general de ese organismo internacional, Ramón Ojeda Mestre, quien en marzo pasado llevó a la administración de Marín ante la CIACA por el caso de la perforación sin permiso de seis pozos en San Francisco Ocotlán.

Ojeda Mestre estuvo ayer en Acuexcomac para recabar información objetiva y directa, tanto de la población de San Pedro, San Andrés y Santa Isabel Cholula como de los datos oficiales que le permitan obtener datos concretos de cómo se he perjudicado la agricultura, la calidad de vida de la gente, de los suelos, flora, salud de la población, la calidad de los suelos y demás consecuencias que ha ocasionado “la exagerada extracción de los volúmenes de agua” de toda esa cuenca.

“Eso tiene responsabilidades administrativas de las autoridades municipales que dejaron de hacer gestiones del gobierno del estado, porque existe un daño ambiental que está determinado en la Ley de Aguas Nacionales y una responsabilidad del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Semarnat, porque han permitido llegar a la pérdida de manantiales”, señaló.

Aunque por siglos ese manantial de Acuexcomac abasteció a todas las comunidades de la región, ahora está siendo surtido de manera artificial, con mangueras. Lo que llegó a ser un lugar turístico ahora es un estanque con basura y lama en el fondo: hay más materia orgánica de la deseable, porque no hay suficiente agua ni oxígeno circulando, mencionó el doctor en derecho ambiental.

Entrevistado durante el foro social “El agua es vida, no la dejes ir”, que reunió a más de 300 personas entre pobladores de la región e integrantes de organizaciones civiles, Ojeda explicó que un reflejo visible del daño ambiental provocado por la extracción de agua son los ahuehuetes, los cuales empezaron a partirse y a uno de ellos se le vino parte de la copa abajo. “Cuando están sanos, como en el caso del (árbol del) Tule, en Oaxaca, están macizos, pero al perder agua, el árbol se resquebrajó; son signos evidentes”.

Como parte de su indagatoria revisará por qué no se cumplió el convenio de 1994, entre el gobierno del estado y dicha comunidad, firmado por el entonces subsecretario “B” de Gobernación, Mario Marín, hoy gobernador de Puebla.

“Ahí existe una cláusula que obliga al gobierno a llevar un monitoreo secuencial y permanente de la cantidad y calidad de agua de los mantos freáticos, y eso no se hizo. Quiero saber quién fue el responsable para fincarle cargos por delitos ambientales, como lo marca el Código Penal Federal. Es algo muy grave: no es nada más que se roben el agua de una comunidad y el daño a la flora, la fauna, el paisaje y a los recursos hídricos, sino que se daña la salud, el metabolismo de la población y eso está tipificado como un delito ecológico que tiene que ver con los recursos naturales”, dijo.

Agregó que en caso de que las autoridades municipales, estatales y federales no entregan una respuesta satisfactoria sobre el daño causado en la región de Cholula, llevará ese caso al Tribunal Latinoamericano del Agua o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien, a la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, que sesionará en la ciudad de México del 5 al 11 de noviembre próximo.

Por esa razón, también estuvo en el foro el diputado federal perredista Juan Hugo de la Rosa, quien integra la comisión de quejas de la Cámara de Diputados, pero antes buscarán la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno, advirtió.

“El problema es que las decisiones se han vuelto casuísticas y unilaterales; lo que nosotros pedimos, no por un acto de voluntarismo, sino porque lo fija la ley; es una política ambiental hídrica que esté incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, que impida que estos desaciertos se sigan produciendo”, propuso Ojeda.

Suspender la extracción del agua, la solución

El 9 de noviembre de 1994, el entonces funcionario de la Secretaría de Gobernación, Mario Marín Torres, firmó un convenio de 10 cláusulas con el pueblo de Acuexcomac, prácticamente en nada cumplió el gobierno del estado, afirman sus pobladores.

La cláusula cuatro del convenio establece que “cada tres meses se revisarán los niveles estáticos y dinámicos de los pozos de Santa María Acuexcomac, a fin de comprobar que no están siendo afectados. En caso de que exista afectación se suspenderá la extracción del agua para el municipio de Puebla hasta que se solucione la afectación (sic)”.

A cambio del agua, el gobierno se comprometió realizar obra pública en el lugar: la pavimentación de la carretera Cholula-Acuexcomac, absorbiendo el pago de la comunidad. La construcción de un pozo de agua potable y su red; creación de una escuela preparatoria regional; ampliación de la secundaria; construcción de una clínica de salud; la ampliación de la red de energía y pavimentación de calles.

“Este convenio se revisará cada año a fin de hacer los ajustes necesarios y adecuarlo a las condiciones y necesidades de la época, y en su caso, hacerle las derogaciones, reformas o adiciones que se estimen pertinentes por ambas partes”, dicta la novena cláusula.

Aunque está el bachillerato y la comunidad está electrificada, las necesidades básicas de la comunidad no fueros satisfechas, dijeron durante el foro los pobladores. “La clínica no funciona; ni si quiera con la carretera que comunica con San Nicolás de los Ranchos y San Pedro Cholula, ya que a pesar de ser la ruta de evacuación más importante en caso de una contingencia volcánica, está llena de baches y hoyos”.

De acuerdo con el doctor Lorenzo Pérez Arenas, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, es urgente suspender la extracción de agua de los pozos artesanales de Acuexcomac, no evitar su agotamiento; cerrando pozos cada medio año se dará una oportunidad al acuífero de volverse a recargar y garantizar la supervivencia de cientos de pobladores de la región de Cholula; además, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla se debe comprometer a reparar el 30 por ciento de sus fugas, principales causantes del desperdicio de agua en la capital del estado.

Sitio Web (URL) http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/10/15/puebla/ecl103.php

Autor(es)

Javier Puga Martínez