La ley de agua que México requiere debe tener una perspectiva de derechos humanos, favorecer el acceso y la disposición del recurso, así como su saneamiento, y garantizar la preeminencia del uso doméstico sobre los industriales, comerciales y de otra naturaleza.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expuso lo anterior en referencia al informe que presentó Leo Heller, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento en Ginebra, Suiza, sede del organismo internacional.

En un mensaje en video, el ombudsman nacional expresó que las preocupaciones de la CNDH sobre el tema se encuentran reflejadas en el informe del relator. Coincidió con el experto internacional en que debe garantizarse que las necesidades domésticas de todas las personas, familias y comunidades tengan preeminencia sobre otros usos.

Dicho reporte, agregó González Pérez, asienta que el reto para México es lograr que cada persona tenga a su alcance el recurso de manera suficiente, con calidad, segura y asequible.

Al igual que el relator especial, el presidente de la CNDH manifestó su inquietud por la reducción del presupuesto público destinado a los servicios de agua y saneamiento, y precisó que remover obstáculos para el ejercicio de esos derechos requiere la estrecha colaboración de todas las autoridades del país, destinatarios de los servicios y sociedad civil.

Enfatizó que es incuestionable la interdependencia entre los derechos al agua y el saneamiento con los derechos a la vida, la salud, la alimentación y un medio ambiente sano, por lo que expresó su confianza en que todas las recomendaciones consignadas en el informe del relator sean atendidas con prontitud.

En su mensaje, que puede consultarse en la página web de la CNDH, el ombudsman nacional reconoció el trabajo del relator durante su visita de 11 días a México, en mayo pasado, para identificar la situación en que se encuentra el derecho al agua en el territorio mexicano.

González Pérez aseveró que las instituciones nacionales de los derechos humanos tienen el deber de contribuir a la efectividad del acceso al agua y al saneamiento, de conformidad con los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia, que alientan a las garantías fundamentales. Debemos hacer notar a todas las autoridades que no es válido dar preeminencia a ciertos derechos y dejar de atender otros, indicó.