El consorcio ganador del proyecto para el Acueducto Monterrey VI, cancelado por el actual Gobierno de Nuevo León, inició un trámite judicial para forzar un arbitraje que determine si tiene derecho a compensación.

Aquos Promotora de Infraestructura, compañía encabezada por una filial de Grupo Higa y por la constructora ICA, inició el 11 de mayo una diligencia de jurisdicción voluntaria ante un juzgado federal de la Ciudad de México.

El objetivo es emplazar al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) para que designe un árbitro, ya sea de uno o tres integrantes, el cual fijará el monto de la penalización.

La designación del árbitro es el mecanismo de resolución de controversias previsto en el contrato de asociación público-privada (APP), el cual fue cancelado por el Gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco”.

El 9 de junio, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México informó que un juzgado federal de Monterrey ya designó un actuario para notificar al organismo de agua, con lo que concluirá el trámite, pues no se trata, por ahora, de una demanda.

En abril, cuando se oficializó la cancelación del contrato de APP, el Gobierno de Nuevo León afirmó que la máxima penalización que tendría que pagar a Aquos sería de 14 millones de pesos, lo que está por definirse.

Cuando informó sobre la cancelación del proyecto, el director de AyD, Gerardo Garza, no aclaró la figura legal que se aplicó.

En su informe anual de 2015, ICA reportó que AyD “rescindió” el contrato, pero es probable que la figura aplicada sea la “terminación anticipada por razones de interés general”, ya que la rescisión sólo opera por incumplimientos de las partes en la ejecución del contrato.

La cláusula 33 del contrato de APP prevé que, en terminación anticipada, Agua y Drenaje de Monterrey pagará “la contraprestación mensual sin IVA para pagar los costos de amortización de la inversión realizada por el desarrollador, más los gastos no recuperables comprobados”.

El contrato de APP, adjudicado en septiembre de 2014, implicaba 3 años para la ejecución de obras, que costarían 16 mil 426 millones de pesos, que saldrían de varias fuentes de financiamiento.

Además, habría 27 años de concesión al consorcio, el cual cobraría 145 millones de pesos mensuales con IVA por el suministro de agua en Nuevo León.