La visita se realizó durante el sábado a las 10 de la mañana, cuando defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de los presos, pudieron ingresar en grupos de 15 personas al Centro de Reinserción Social (Cereso), para lo cual “se habilitó un área y se montó un operativo de seguridad que garantizara las condiciones de la reunión”, informó el comunicador social del municipio, Pablo Torres Lerma.

“Por primera vez desde su encarcelamiento –dijo Torres Lerma–, los indígenas pudieron convivir con sus familiares por casi seis horas, luego de que AI hiciera una gestión ante la Dirección de Ceresos del estado y ésta delegara la decisión al ayuntamiento de Huauchinango, que facilitó las cosas”.

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, ingresaron al Cereso el 13 de enero de 2010 acusados de robo de vehículo en el proceso 242/2009 del Juzgado Penal de Huauchinango, en el que con fecha 12 de julio de 2010 se les dictó sentencia de 7 años 22 días de prisión y una multa equivalente al importe de 522 salarios mínimos vigentes al momento de la presunta comisión del ilícito.

La sentencia fue apelada en el Toca 812/2010 y la Primera Sala del Tribunal de Justicia del estado de Puebla la “modificó”, imponiéndoles una pena de 6 años 10 meses 20 días de cárcel y una multa equivalente a 550 días de salario mínimo. Es decir, sólo les quitó dos meses de prisión y aumentó la sanción económica.

En Junio pasado, Amnistía Internacional dio a conocer que considera a ambos indígenas como “presos de conciencia”, tras concluir que fueron detenidos y encarcelados como represalia por trabajar en la mejora del acceso de su comunidad a la red de suministro de agua; ya la Suprema Corte de Justicia conoce de un Juicio de Amparo interpuesto a su favor que podría resolverse el mes próximo.

“José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz son víctimas de un sistema judicial que en muchas ocasiones discrimina a las personas indígenas y sin recursos. El caso que se instruye en su contra no se sostiene ante un examen riguroso”, afirmó en ese momento Javier Zúñiga, asesor especial de AI en un boletín del organismo.

Tras la visita al Cereso, la misión de medios y activistas, viajó a Atla, en Pahuatlán, donde se entrevistaron con otros familiares de los indígenas recluidos en Huauchinango.

Paradójicamente en Atla –que en náhuatl quiere decir agua–, la guerra por el vital líquido empezó hace más de una década y ya ha causado muertos, represión y en este momento tiene en la cárcel “por un cuatro” a los indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, consideró Rubén Díaz Santos, artesano pahuatleco.

Todos saben, dijo Díaz Santos, que el conflicto por el abastecimiento de agua, inició porque Guillermo Hernández Cruz ha sido presidente del Comité de Agua Potable por más de 30 años y “maneja el agua como si fuera de su propiedad: le da a quien quiere, pero ha sido lo mismo en gobiernos priistas que perredistas. Se ha hecho un embrollo y no hay autoridad que lo resuelva”.

En lo que sí hay coincidencia entre los pobladores de Atla, lo mismo amarillos que tricolores, es que el encarcelamiento de Aniceto Gómez y Agustín Cruz es injusto, porque les pusieron una trampa para acusarlos de robo de vehículo, “cuando ni saben manejar”

Recogiendo pasos

Febrero de 1997.

La disputa por el agua se agudiza, debido a que Natividad Cruz, Pascual Lioncio Orozco y Vicente Juan Domínguez, apoyados por el cacique (Guillermo Hernández Cruz), reclamaron como de su propiedad el lugar donde está el manantial denominado Atexcapa e impidieron el suministro dañando la tubería; Conagua otorgó una concesión al ayuntamiento municipal presidido por el priista Ángel Vera Lemus.

Mayo de 1999

En un enfrentamiento entre militantes del PRI y del PRD, Francisco Román Pérez, del tricolor, fue asesinado por el perredista Juan Nicolás Melquiades.

En 2008

Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto son elegidos como juez de paz y alcalde auxiliar, respectivamente y construyen con dinero estatal y federal un nuevo tanque de captación para dotar de agua a todo el pueblo.

Octubre de 2009

Cuando Pascual y José con otros jornaleros volvían de trabajar, el hijo de uno de los integrantes de la comisión de agua (aliados del cacique), lanzó su camioneta contra los campesinos, abandonó el coche y días después los acuso de robo.

13 de Enero de 2010

Pascual y José son ingresados al Cereso, acusados de robo de vehículo, pese a que no saben manejar y los testigos, aceptaron que fueron sobornados y obligados a declarar.

12 de julio de 2010

Les dictan sentencia de 7 años 22 días de prisión y una multa equivalente al importe de 522 salarios mínimos, después de una apelación la modifican quitándoles dos meses en prisión y aumentándoles la sanción económica.

Junio de 2011

Amnistía Internacional reconoce a Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto como presos de conciencia, tras concluir que fueron detenidos y apresados por defender el derecho al agua en su comunidad.