Exigen debate amplio sobre aguas subterráneas

01 diciembre 2015

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con un investigador de la UNAM, 97% del agua que tenemos, sobre la cual se legislaría, es subterránea y abastece a 70% de la población.

Durante el foro “El agua nuestro último recurso”, organizado por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, el hidrogeólogo e investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demandó una discusión amplia sobre el tema.

La comunidad científica y académica, explicó, considera inaceptable promulgar una nueva ley que pretenda garantizar el derecho humano de los mexicanos al agua sin contar con un diagnóstico científico interdisciplinario actualizado, confiable y objetivo de la realidad del agua subterránea en el país.

“El 97% del agua que tenemos, sobre la cual se legislaría, es subterránea y abastece a 70% de la población y las actividades productivas en general. En México, no se tiene esa información básica (el diagnóstico referido) para sustentar cualquier planteamiento que busque regular de manera responsable nuestras aguas nacionales”, precisó.

De ahí que instó a la instalación de mesas de trabajo para la discusión, análisis y seguimiento científico respecto de los problemas críticos relacionados con la explotación de las aguas subterráneas que derivan de una administración anárquica, toma incorrecta de decisiones y rezago en la metodología para su estudio, medición, uso y aprovechamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su turno, Alejandro Medina Mora Nieto, subdirector jurídico de la Conagua, explicó que el régimen de concesiones en materia de agua existe desde 1992, por lo que no es exacto afirmar que lo que se pretende es la privatización del vital líquido.

“En Conagua consideramos que debemos apuntar hacia un ordenamiento normativo moderno, de vanguardia, que ayude a garantizar el derecho humano al agua. Que contemple no sólo los temas de un nuevo régimen concesional, sino también apunte a temas de cuotas naturales de renovación, de nuevos esquemas (…) Debe ayudar la norma a generar una educación y cultura del agua”, completó.

Cabe aclarar que el Congreso debió expedir la nueva ley general de aguas desde febrero del 2013, un año después de que se aprobó la reforma constitucional que estableció que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Así como que: “El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

30 de noviembre 2015

Fuente: El Economista

Nota de: Rolando Ramos