MÉXICO- “No estamos en contra del desarrollo, pero queremos ser parte, no que nos echen de nuestros pueblos”. Osvaldo Villegas, activista del Movimiento para la Defensa del Agua Potable, resume con esta frase la razón del viaje de un grupo de representantes de organizaciones sociales desde los lugares más recónditos del estado de Puebla a la capital mexicana, para defender los derechos de los pueblos indígenas.

Perseguidos, asesinados, encarcelados e intimidados, los indígenas quieren llamar la atención sobre lo que ocurre en las comunidades donde nacieron y crecieron sus ancestros y que hoy están en manos de 440 concesiones mineras, agroexportadoras, petroleras, hidroeléctricas y presas quesobreexplotan el agua, arrebatan las tierras y los obligan a emigrar.

“Tenemos los recursos, la mano de obra, los conocimientos, ¿por qué se los dan a empresas extranjeras o a los hombres más ricos de México?”, cuestiona Villegas sobre cada uno de los proyectos aprobados en la sierra que han quedado en manos de asociaciones como Living Water International, Coca Cola, Chevron, Audi, gente cercana al exgobernador Rafael Moreno Valle o al Grupo México,  Carlos Slim y hasta compañías chinas.

Los activistas agrupados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala dicen que ellos han hecho algunas propuestas para su desarrollo como la creación de una cervecera en una región abundante en cebada, pero el gobierno las archiva en el sótano del olvido, desinteresado, dicen, porque no hay dinero de por medio para los funcionarios, como sí lo sueltan las firmas internacionales.

Las consecuencias de esta insensibilidad política y económica son múltiples. En la comunidad de Chinactlán, por ejemplo, la contaminación del agua por parte de una empresa biotérmica autorizada por las comisiones nacionales de Electricidad (CFE) y la Nacional de Aguas, obligó a cientos de poblanos indígenas que otrora se dedicaban al cultivo de manzana y café o a la pesca, a salir a buscar trabajo a la ciudad y engrosar así los cinturones de miseria.

“En Copales, Mazaltepec y Atotoyaca se dedicaban totalmente al cultivo de pescado y camarón y ahora ya no hay fuente de empleo”, advirtió Manuel Gaspar, del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular.

El modus operandi de las autoridades para otorgar las concesiones de tierra y agua a las empresas,  consiste en simular consultas a los pueblos indígenas (para cubrir el requisito que exige el artículo 169 de la Ley Federal del Trabajo) o simplemente no hacerlas, según han documentado los inconformes, que contabilizan bajo este esquema 160,000 hectáreas entregadas a la minería.

Esto es el 66% del territorio catalogado como de los pueblos originarios.

Para quienes apoyan los proyectos oficiales hay pan (regalos como computadoras o cafeteras) o palo, es decir, persecución (actualmente hay 360 presos políticos) y muerte. Entre los asesinados se encuentran Antonio Esteban (opositor al proyecto de la hidroeléctrica en el Río Apulco); Frumencio Solís (presuntamente por oponerse a la entrega de agua a la fundación Living Water) y otros cuatro activistas entre 1986 y 2017.

Entre los encarcelados por actos derivados de su negativa a la construcción del gasoducto Morelos están Abraham Cordero, Enedina Rosas y Juan Carlos Flores; 10 más detenidos en diversas ocasiones por protestas contra otras obras  y cinco que viven el día a día bajo medidas cautelares por haber sufrido amenazas de muerte, desaparición y agresiones físicas.

“Esto no puede seguir así”, advierte Oswaldo Villegas, “Estamos en una guerra frontal por las diferencias de desarrollo que hay entre el gobierno y la población”.