Indígenas recurren a la Semarnat contra presa hidroeléctrica en Nayarit

27 marzo 2014

Marcos Moreno, Marcelina López, Julián López y Antonio de la Rosa. Opositores a la planta hidroeléctrica. Foto: Benjamin Flores

Los líderes viajaron hasta el Distrito Federal y fueron recibidos por el subsecretario de Gestión Ambiental de la dependencia, Rafael Pacchiano, a quien entregaron un expediente con sus argumentos en contra del proyecto y 16 mil firmas de apoyo.

El proyecto, afirmaron, afectará a los sectores agrícola, pesquero y ostrícola de la región, así como a los ecosistemas de las marismas y los manglares.

“Nos escucharon”, se congratula el representante de la cooperativa de ostricultores, Marcos Moreno, en entrevista con Apro, y confía: “A pesar de que sean funcionarios de tercer nivel elevarán nuestras demandas”.

Pacchiano les prometió que obedecería las consignas de Los Pinos: “Todo proyecto que no reúna las condiciones legales y técnicas no será aprobado”.

Moreno asegura: “Fue su compromiso, el nuestro consiste en seguir aportando información y argumentos bien fundamentados para la no aceptación de la MIA”.

El resumen ejecutivo de la Manifestación –cuyo reporte completo entregó la CFE a la Semarnat en diciembre de 2013–, establece que la cortina de 180 metros de altura cambiará las actividades productivas de la región. También inundará 4 mil 500 hectáreas, 14 sitios sagrados y un pueblo de 19 viviendas; incluso, fragmentará los ecosistemas terrestres y acuáticos y retendrá una “cantidad significativa de nutrientes y sedimentos dentro del embalse”.

En el documento, la CFE asevera que Las Cruces es “el sitio que presentó las condiciones geológicas, sociales y ambientales más adecuadas” para el proyecto de 7 mil 995 millones de pesos.

Además, prevé una producción anual promedio de 790 gigawatts por hora y “evitará la emisión de 304 mil 807 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año”, debido al carácter “limpio” de la hidroelectricidad.

Beneficio ajeno

“Tal vez algunos se van a beneficiar del proyecto, pero ¿nosotros dónde quedamos?”, pregunta Marcelina López, representante wixárita y agrega: “Hoy todos nos beneficiamos del río San Pedro”.

La CFE afirma que la construcción de la presa creará cinco mil empleos directos y otros cinco mil indirectos, además de los que fomentará “el transporte fluvial por el lago que se formará: La pesca, el ecoturismo y otras actividades productivas que mejorarán la calidad de vida de la población”.

Sin embargo, de los cinco mil empleados, mil 500 vendrán de afuera, replican los pobladores. Además, estiman en 12 mil el número de fuentes laborales a largo plazo que generan las crecidas del río actualmente.

De acuerdo con su cálculo, 24.9% de la electricidad producida en Nayarit se destina al consumo de Jalisco, 21.8% al de Guanajuato y 15.5% al de Michoacán; mientras que el propio estado de Nayarit satisface su necesidad eléctrica con apenas 2.8%.

Según el estudio ambiental de la CFE, la presa funcionará en promedio cuatro horas al día entre noviembre y marzo, tres horas entre abril y junio y de 18 a 21 horas cada día durante los cuatro meses que corren de julio a octubre. En total quedará sin funcionar durante 63% del tiempo.

La MIA reconoce que la presa retendrá grandes cantidades de limo o lodo que hoy escurre naturalmente hacia el mar y nutre los ecosistemas río abajo, tales como manglares, campos agrícolas y marismas, así como los camarones y los ostiones.

Desde que se enteraron de la construcción inminente de la presa, los pobladores visitaron las comunidades cercanas a las presas Aguamilpa, El Cajón y la Yesca, ya instaladas en el estado de Nayarit.

Según Marcos Moreno, todo lo que prometió la CFE a estas comunidades antes de construir las presas no se ha cumplido.

“Ni siquiera tienen agua potable, tampoco tienen energía eléctrica y las que la tienen son de costo muy alto. Además, no han sido compradas al 100% las tierras ocupadas o inundadas. En lugar de pagar los maltratan o los ignoran”, deplora Moreno.

Además de las pérdidas de sus empleos, los representantes se indignaron debido a que en el embalse de la presa podrían quedar sumergidos 14 sitios sagrados y centros ceremoniales en territorio indígena.

“Lejos de traernos paz, tranquilidad y progreso, no vemos (el proyecto) como un desarrollo sino como una amenaza que, de darse, acabará más pronto con nuestra cultura y con la integración de nuestras comunidades”, lamenta Julián López Cánare, vocero del Consejo Indígena Náyeri.

Sin consulta

En la solicitud de información SAIP-13-1609, que pedía a la CFE precisiones sobre las consideraciones técnicas, económicas, energéticas, sociales y ambientales de la presa Las Cruces, la electricista paraestatal evocó como premisa al proyecto un proceso de gestión social “mediante la promoción de procesos de participación pública en apego a las leyes nacionales, convenios internacionales (OIT 169) y la salvaguarda de los derechos de las personas de los pueblos indígenas”.

Si bien el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipula en su artículo 169 la necesidad de consultar a las comunidades indígenas antes de llevar a cabo un proyecto que les afectaría a ellas o a su territorio, los representantes náyeri y wixárita aseguran que la CFE nunca les advirtió sobre la presa hidroeléctrica.

Es más, acusan que “a través de engaños, la CFE y la Procuraduría Agraria han impulsado asambleas agrarias irregulares para la obtención de la anuencia de las comunidades y avanzar en el desarrollo de este proyecto”.

La CFE por su parte afirmó que realizó las consultas, pero los opositores a la presa replican que no fueron consultas indígenas. Incluso, denuncian que la electricista sólo convocó a los representantes de las autoridades ejidales –el comisario ejidal y el consejo de vigilancia–, sin invitar a las asambleas generales ejidatarias completas.

“El consentimiento lo han tenido de algunos de los ejidatarios y de líderes”, lamentan.

El agricultor Antonio de la Rosa añade: “resulta muy sospechoso que alguien de presidio se vuelve favorable al proyecto y de repente tiene una casa nueva, mientras nunca en su vida pudo tenerla. Además tiene todas las facilidades para desplazarse. ¿Cómo lo hace?”.

López Cánare precisa que los líderes usan del chantaje para que se acepte la construcción de la presa. A cambio, prometen nuevas obras, como un camino o una clínica.

“Tal vez seamos muy ingenuos pero pensamos que alguna dependencia de gobierno va a escucharnos y atender nuestra solicitud. (Rafael Pacchiano) nos recomendó que exigiéramos el derecho a la consulta de los derechos indígenas. Sin ella no aprobaría la MIA”, confía Cánare.

Sin embargo, prevé que al agotarse los recursos “diplomáticos”, los indígenas considerarán la vía legal para impedir la construcción de la obra.

27 de marzo de 2014
Fuente: Proceso
Nota de Mathieu Tourliere