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La lucha por la defensa del agua en Ocotlán y la región aún no ha terminado: activistas

10 marzo 2008

Javier Puga Martínez
Puebla, Pue.

La lucha por la defensa del agua en San Francisco Ocotlán aún no termina, pues el gobierno del estado sigue con sus planes de extraer agua de la cuenca del Alto Balsas, con o sin permisos, para satisfacer la demanda de los nuevos fraccionamientos y parques industriales que pretende crear en la zona bajo el pretexto de “generar empleos”.  

Mientras, los habitantes de esa junta auxiliar de Coronango se han convertido en “ladrones de su propia agua”, pues a pesar de que legalmente derrotaron a la administración de Mario Marín al impedirle la perforación de seis pozos profundos, tienen que extraer agua en tambos de otros pozos que abastecen a la ciudad de Puebla.

Así lo manifestaron en una entrevistas por separado el abogado Maurilio Galeote Mixcóatl y la profesora Bertha Espinosa Luciano, durante la conmemoración del primer aniversario de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró que el gobierno del estado tenía prohibido extraer el agua del subsuelo de Ocotlán, e impuso una multa económica por perforar sin el permiso correspondiente de la Federación. Galeote Mixcóatl fue quien se encargó de la defensa jurídica del agua de esa comunidad, mientras que Espinosa se convirtió en la voz autorizada del Comité por la Defensa del Agua de San Francisco Ocotlán ante los medios informativos.

La celebración, que se realizó ayer en la explanada de esa junta auxiliar, convocó a decenas de organizaciones civiles locales, así como a investigadores, académicos, activistas sociales y a decenas de pobladores de la región que también están en defensa de sus recursos naturales.

“Creemos que esta victoria es sólo eso, pero no el triunfo de esta lucha, porque sabemos que el agua se ha convertido en un problema social a nivel nacional y mundial que pretenden resolver los gobiernos a través de la privatización. Esa la finalidad del gobierno”, aseguró Galeote.

Dijo que a más de un año de que inició la lucha en Ocotlán, el gobierno estatal pretende perforar más pozos de agua, ya no en ese lugar, sino en San Miguel Xoxtla, Santa María Tonanzintla, Cuatlancingo, Coronango y Cuanalá, con la consecuente sobreexplotación del acuífero del Alto Balsas.

Por esa razón, agregó Galeote, el gobierno estatal ha convertido la extracción del agua en un problema regional, y las consecuencias ya comienzan a mostrarse en el abandono de los campos y en la cada vez más baja producción de alimentos en la zona.

Los pueblos de la región de Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla, Atlixco, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y otros están unidos y planean una serie acciones para racionalizar la extracción del líquido, y para que la administración estatal desista de perforar pozos.

“Pero el gobierno del estado se escuda en supuestas leyes: hay ciertas normas en el desarrollo de comunidades, y de eso el gobierno es está aprovechando, creando fraccionamientos en los cuales tenemos informes de que se están perforando pozos de forma clandestina; esos fraccionamientos, muchos ilegales, pero permitidos por los ayuntamientos y el gobierno estatal porque generan ganancias, están solapando la creación de esos pozos”, advirtió Galeote.

En ese sentido, señaló que los integrantes del movimiento por la Defensa del Agua solicitarán –vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información– todos los datos de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la zona, así de cómo se están abasteciendo del líquido.

También dijo que propondrán la creación de un consejo ciudadano de coordinación y supervisión, integrado por pobladores de las comunidades, que vigile el otorgamiento de permisos inmobiliarios. Mencionó que consejos de este tipo ya hay en algunos pueblos, pero están controlados por partidos políticos, principalmente el PRI, por lo que la propuesta es renovarlos a través de elecciones democráticas.

“Estamos planteando que este consejo no sólo supervise los nuevos fraccionamientos, sino la prestación de servicios públicos y de otorgamiento y cambio de uso de suelo en los municipios, que es lo que a nosotros nos interesa. Los ayuntamientos y el gobierno estatal están desarrollando complejos inmobiliarios e industriales en las mejores tierras de cultivo de la región. Si van a hacerlo, primero que sean consultadas las comunidades para que esos desarrollos estén a la altura de nuestros pueblos y no aniquilen nuestras costumbres y tradiciones”, subrayó.

La finalidad no es enfrentarse con el gobierno, sino crear conciencia sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y territoriales de Puebla, así como buscar medidas de aprovechamiento racional y sustentable en beneficio de los que menos tienen. A finales de 2007, la Conagua informó que durante ese año se clausuraron más de 30 pozos de agua clandestinos, la mayoría ubicados en la zona de San Andrés Cholula, ubicados precisamente dentro de fraccionamientos residenciales.

“Robamos nuestra propia agua”

Por su parte, Bertha Espinosa afirmó sentirse tranquila a un año de haber triunfado sobre el gobierno de Mario Marín Torres; sin embargo, también dijo estar consciente de que la administración estatal no va a claudicar en su intento por perforar pozos para cumplir así las exigencias de los grupos de poder económico.

Destacó que hay dos nuevos fraccionamientos en la junta auxiliar, uno de interés popular y otro presuntamente para ejecutivos de la armadora Volkswagen, donde se están perforando pozos clandestinos. “La lucha no ha acabado”, subrayó.

Señaló que hasta ahora se ha cumplido el acuerdo al que llegó la población de Ocotlán con el entonces secretario de Gobernación, Javier López Zavala, por medio del cual se retiraron las órdenes de aprehensión que pesaban sobre Espinosa Luciano y otros miembros del Comité por la Defensa del Agua. “Fue con López Zavala que se detuvo la perforación de los pozos, y así se hizo. Lo demás lo hicimos a través de manifestaciones y documentos que metimos a la Conagua. Hasta ahora no tenemos el gusto de conocer al secretario de Gobernación”.

Lamentó que a pesar del triunfo, el abasto de agua en Ocotlán está peor que al principio del conflicto social, pues mientras los pozos artesanales que abastecían al pueblo se secaron, el gobierno federal ha obstaculizado los permisos para la creación de pozos de uso agrícola a ese lugar.

“Los agricultores están extrayendo el agua del río Atoyac para sembrar sus tierras; están sembrando con aguas negras. Nosotros nos estamos yendo a robar nuestra propia agua, porque ahora en los pozos en donde se abastece la ciudad de Puebla ya tienen vigilancia. Nos dicen que no tenemos por qué ir a sacar agua de allá porque son pozos del estado. Pero el agua es nuestra y la necesitamos”, afirmó Espinosa.

Dijo que van en grupos de cinco o seis personas, mientras que otros se quedan montando guarda para poder extraer un poco de agua. Los pobladores van por viajes de cinco o seis tinacos que son insuficientes para satisfacer la demanda de 16 mil 800 pobladores. “No podemos estar comprando pipas porque nos hemos percatado de que tienen gusanos”, agregó la profesora.

Cronología de un conflicto por el agua

3 de enero de 2007. Lo que empezó como una manifestación más para pedir al gobierno del estado no perforar más pozos de agua, debido al grave problema de abastecimiento del líquido que a la fecha padecen los habitantes de San Francisco Ocotlán, se convirtió en una trifulca y luego en un movimiento social que terminó derrotando a la administración de Mario Marín; mientras el secretario de Gobernación, Javier López, y el gobernador aún disfrutaban de sus vacaciones navideñas, ese día, la inexperiencia e incapacidad de Gerardo Mejía, entonces director de Participación Ciudadana de la Segob, hoy regidor de la Comuna de Puebla, provocó que los más de mil manifestantes bloquearan la autopista México–Puebla y que la vía fuera abierta a toletazos de la Policía Estatal. Al menos 20 habitantes de Ocotlán resultaron lesionados en aquella ocasión.

5 de enero de 2007. Tras ese enfrentamiento, tanto el gobierno del estado como los habitantes de Ocotlán radicalizaron sus posturas, pues mientras la administración advirtió que no se suspenderían los trabajos de extracción por ningún motivo, pues tenía en su poder “permisos de todas las instancias”, los pobladores dijeron estar dispuestos a ofrendar su vida para impedir la extracción del líquido. El gobierno estatal aplicó un cerco policiaco a Ocotlán.

8 de enero de 2007. La procuradora del estado, Blanca Laura Villeda Martínez, reconoció que la dependencia a su cargo tenía lista una serie de órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Comité por la Defensa del Agua de Ocotlán.

22 de enero de 2007. El gobierno del estado de Puebla y su titular, Mario Marín Torres, son llevados ante la Corte Internacional de Conciliación y Arbitraje Ambiental, con sede en La Haya, Holanda, por el caso de la perforación ilegal de pozos en Ocotlán, afirmó el titular de ese organismo, Ramón Ojeda Mestre.

26 de enero de 2007. El conflicto social del agua en Ocotlán alcanza nivel regional al involucrar a siete municipios poblanos y todo el sur del estado de Tlaxcala, pues la extracción de agua del acuífero del Alto Balsas perjudicaría a toda esa zona.

2 de febrero de 2007. El gobierno recula y anuncia que las órdenes de aprehensión en contra de habitantes de San Francisco Ocotlán quedan “congeladas”.

5 de febrero de 2007. En su visita por Puebla, el ministro de Medio Ambiente y Agricultura de Alemania, Stanislaw Tillich, rechazó la intención del gobierno del estado para utilizar el agua de Ocotlán para la “limpieza” del lago de Valsequillo.

12 de febrero de 2007. El Comité por la Defensa del Agua denuncia la presión que ejerce Javier López Zavala, quien amaga con iniciar los trabajos de extracción del líquido a pesar de no haber un acuerdo con los pobladores.

13 de febrero de 2007. El gobierno del estado, a través de Joe Hernández, subsecretario de Gobernación, vuelve a recular y afirma que se mantiene vigente “la tregua” con pobladores de Ocotlán.

5 de marzo de 2007. Crece la tensión en Ocotlán y en cualquier momento se podría suscitar un nuevo enfrentamiento entre pobladores y la Policía Estatal.

8 de marzo de 2007. La Conagua canceló definitivamente al gobierno del estado los permisos para perforar seis pozos de agua en Ocotlán; exigió la devolución de 20 millones de pesos del programa Apazu, y le aplicó una sanción económica por perforar los pozos y tender una red de transporte del líquido.