La (re) municipalización del agua y su relación con el territorio

13 julio 2016

Foto tomada de Kaosenlared
 

El municipio como territorio a fortalecer, a resignificar y recuperar. El municipio como el espacio común articulado por los vínculos fundamentales de las personas que la habitan y que se sienten parte. El municipio como la unidad de sentido territorial más cercana. Esto es, el municipio como el espacio que se vive, que existe, que es real, que debe proveer de las necesidades básicas y cumplir con criterios de justicia social y ecológica. El espacio donde los políticos tienen cara, nombre y apellido, y donde las capacidad de agencia es real, concreta, posible y visible, y no algo abstracto.

Todo ello conlleva la necesidad de pensar un modelo de gestión del agua que incluya la dimensión social (valores simbólicos, organización social, diferencias entre estructuras sociales cultura política y económica). Pero no un modelo cerrado y impositivo, sino abierto y dinámico, capaz de no encerrarse en sí mismo, pero no por ello debe ser menos sólido y consistente. En este sentido, la (re) municipalización se convierte en el espacio que hace posible la creación de nuevas propuestas de gestión del bien común en un contexto municipal, en tanto que uno de sus puntos fuertes como concepto es su carácter local.

Construcción de territorio, municipalismo

Cuando hablamos de (re) municipalización no hablamos en stricto senso de la recuperación de la gestión de un servicio que devuelve desde la gestión privada, entre otras cosas, porque no toda la casuística responde a esta primera idea. Hay casos de municipalización, es decir otorgar por primera vez la gestión del servicio en el gobierno municipal y hay casos de recuperación por parte del ente público.

Podemos decir que (re) municipalizar implica una gestión pública, entendida como común, para a partir de tres ejes fundamentales, tales como, el carácter eminentemente local, con una estructura más democrática, es decir, con herramientas propias que garanticen el ejercicio de la democracia directa, participación sustantiva o “control social ciudadano” y ecológicamente sostenible. De esta manera (re) municipalizar es un concepto, una idea de transformación que trasciende el campo de la gestión.

Los tres principios sobre los que se sostiene y que la definen pueden ser adscritos a formas de gestión vinculadas con el marco de los nuevos comunes, que a su vez, beben de diferentes fuentes de praxis históricas y que comparten principalmente que el ámbito social y el político van de la mano y son fruto de la co-responsabilidad, es decir, de la responsabilidad compartida.

Estos tres ejes, son informadores de varios aspectos, pero aquí nos centraremos en desarrollar como la (re) municipalización se relaciona con re-territorialización en términos políticos, sociales y ecológicos.

En términos ecológicos

Entender el agua como bien común implica la inclusión de la esfera del entorno como elemento central y no periférico, para dar forma al precepto “ecológicamente sostenible” desde la visión socio-ecológica, según la cual las sociedad humanas son siempre en relación con el medio en el que existen, en tanto que también son parte, pero no de forma determinista, sino en términos de interrelación. Laval y Dardot (2015), dan cuenta de que “no se trata tanto de proteger ‘bienes comunes’ fundamentales para la supervivencia humana, como de transformar profundamente la economía y la sociedad invirtiendo el sistema de las normas que amenaza ahora de forma muy directa la humanidad y la naturaleza “, haciendo referencia a que la noción de bien común y su vínculo con el quehacer ecológico no se dan en los términos históricos y clásicos de la gestión comunal, sino en una traducción epistemológica y ontológica del mundo .

La perspectiva socio-ecológica rompe con la tradicional visión histórica centrada en la dicotomía cultura-naturaleza, en la cual, la naturaleza es exógena a la cultura, cuando en realidad, como analizan los estudios de paisajes culturales, tal división es más de carácter epistemológico que no material. Esta epistemología ha trascendido y permeado durante siglos en la visión de la relación del ser humano con su entorno y aún hoy guía de forma generalizada la mayoría de políticas relativas al medio ambiente y el imaginario colectivo. En cambio, desde la visión socio-ecológica, el entorno no está fuera del ser humano y sus sociedades, sino que el ser humano es un elemento más de esta compleja amalgama que son los ecosistemas entendidos como sistemas complejos . El entorno forma parte de las propias sociedades humanas introduciendo un cambio diametralmente opuesto al papel que se le da al medio ambiente y la dimensión ecológica en el marco de gestión predominante hasta el día de hoy.

En el modelo predominante del entorno, la mayoría de veces, es incorporado a la normativa y la gestión desde el marco de la economía ambiental, que se caracteriza por una valoración monetaria de los beneficios y los costes ambientales, ya que parten de los supuestos de la economía estándar (Aguiler Klink, 2011). Este hecho favorece la búsqueda del aumento del valor del agua como mercancía, de tal manera que la somete a una lógica de valor de cambio en la que debe proporcionar beneficios, al tiempo que lo aleja de su valor de uso, que favorecería la posibilidad de regeneración de los cuerpos de agua. De hecho Wood (2008) detecta que en las políticas ambientales no se tiene en cuenta un elemento clave para favorecer la recuperación de estos cuerpos de agua: el tiempo. Si los tiempos que requieren los ecosistemas por la recuperación de sus condiciones no son tenidos en cuenta (por tanto incluidos en los proyectos y en la intensidad y formas de uso), los resultados en términos de protección y mejora de estas políticas son escasos. Desde el marco ambiental, la relación en términos ecosistémicos no varía y la gestión se sigue planteando desde la separación entre gestión y sus efectos en los ecosistemas de los que también forman parte las sociedades humanas, por lo tanto, éstas también son receptoras de los efectos derivados esta perspectiva gestora. Esta orientación conlleva la implementación de políticas que mantienen la sobreexplotación de los acuíferos, de protección económica y el fomento de los mercados del agua.

Desde el marco de la (re) municipalización lo que trasciende es la relación con el entorno en términos de resiliencia, es decir, usar el agua a partir de la disponibilidad real, desde la lógica de los sistemas socio-ecológicos complejos. Por eso es importante la realización de estudios para determinar los umbrales del sistema hidrológico de cada zona y para tener elementos básicos que nos permitan establecer las políticas más apropiadas para la transición social y económica necesaria a tal efecto, siempre sin perder de vista, que la transversalidad democrática no es ajena a la resiliencia ni al modelo socio-ecológico, sino todo lo contrario. Justamente este marco permite profundizar en una democratización del espacio local y los mecanismos de tomas de decisiones. Estos elementos posibilitan replantear los principios y las prioridades en los usos del agua, ampliar los actores que forman parte de los procesos de tomas de decisiones, la coordinación con otro localidades, replantear las formas de evaluación y los criterios de gestión.

En términos políticos

Como se ha ido viendo, (re) municipalizar no es un acto de dimensión gestiva. Aparte de ecológico, es sobre todo, un acto político y social que implica, más allá de la recuperación de la gestión, fomentar que ésta tenga arraigo con el espacio en el que se da y desarrolla.

Que la (re) municipalización ponga énfasis en la escala territorial local es altamente representativo de un cambio de modelo más profundo. Es un paso hacia un modelo territorial descentralizado y basado en la coordinación. Un modelo de proximidad que debe incluir necesariamente, por su coherencia epistemológica, la rotura con aquellas lógicas basadas en las dicotomías “dis-fuera”, centro-periferia y la deslocalización de las tomas de decisiones.

La (re) municipalización surge como una respuesta al acaparamiento que las últimas décadas ha sufrido, en este caso, el servicio básico de abastecimiento de agua urbana de las ciudades, por parte de grandes multinacionales como AGBAR. Hay que añadir que la casuística dentro del propio Estado Español es variada, y más aún cuando nos referimos a escenarios como los de América Latina, que son de gran relevancia para el impulso de estos caminos y una valiosa fuente de conocimiento que enriquece los debates sobre experiencias de (re) municipalización de este servicio, pero siempre sin perder de vista que más allá de las privatizaciones, el servicio de abastecimiento de agua urbana se encuentra en una situación muy diferente a la de los países europeos.

Ahora bien, no se puede obviar ni dejar en el cajón del desconocimiento que históricamente la gestión del agua en la mayoría de ciudades europeas, ha estado en manos privadas. Pero aquí no hablamos de propiedad, es decir, no nos quedamos en el que, sino que el debate en el que nos centramos abre hacia el cómo. Es decir, más allá de una gestión pública, ésta debe ser realmente democrática y transparente. Para que ambas “palabrotas” tengan sentido, deben trascender las fórmulas generalizadas de participación social para ir hacia propuestas de praxis en la que la ciudadanía sea una parte imprescindible a la hora de tomar las decisiones. Esta es una de las grandes puertas que abre el carácter local de la (re) municipalización.

Sin embargo, todas estas virtudes no son algo que venga dado por defecto. Hay que luchar y construir esto y este es su gran ventaja, en tanto que su carácter local permite romper con la lógica gestiva homogeneizadora que predomina en esta materia. Todo este paradigma parte del agua como bien común. La importancia del carácter local radica en el propósito de desmercantilizar la concepción que marca las actuales formas en su gestión que buscan su estandarización. Por lo tanto, por su noción bien común de carácter local, la gestión del agua se sitúa en un marco que permite pensar su gestión a partir de ciertos criterios y principios básicos consensuados que deben ser compartidos, pero con la inclusión en la estructura del espacio y el margen suficiente para la incorporación de formas locales de organización.

En este sentido se construye territorio ya que lo que se contempla es la propuesta de formas de gestión vinculadas al espacio y sus localidades, esto es, en términos socio-ecológicos, donde las personas forman parte de esta gestión teniendo el control sobre las tomas de decisiones. De esta manera las instituciones municipales son a la vez sociales y políticas, en tanto que quien toma las decisiones son las propias personas, y no espacios meramente políticos desllindats de su entorno y la ciudadanía. La creación de estructuras de ámbito local implica la construcción de autonomía en las tomas de decisiones que involucran el propio espacio, por eso (re) municipalizar, en tanto que se traduce en la construcción de estructuras de tomas de decisiones y autogobierno sobre temas vinculados con el día a día de las personas, es una recuperación de espacio de poder, y en este sentido, forma territorio.

Podríamos decir para concluir, que con la (re) municipalización se materializa, esto es, toma cuerpo y forma, un cambio profundo como lo es la escala local y todo lo que se le asocia en términos políticos, sociales, económicos y ecológicos, generando una tensión importante frente los mecanismos que viran hacia la deslocalización como forma de entender, vivir y gestionar el mundo, con sus efectos de devastación social, ecológica y de concentración de poder en las tomas de decisiones.

Relocalizar y descentralizar implican recuperar la autonomía y el autogobierno, por tanto, recuperación de la capacidad de decidir sobre los principios de gestión del abastecimiento, su organización y su distribución a partir de criterios cercanos a las necesidades sociales y ecológicas del entorno directo de la localidad. Desde una comprensión del poder como relaciones, la descentralización, como aumento de competencias, y por tanto, de capacidad de decidir de forma autónoma y soberana, conlleva fortalecimiento locl frente las tendencias centralizadoras y deslocalizadores. Se trata pues de entender el municipio como el espacio común.

Es importante señalar que en la (re) municipalización el territorio-municipio es entendido como un nodo que a la vez es parte de una red extensa. Una concepción de nodo como espacio de confleuència de relaciones, como una unidad abierta y un sistema complejo dentro del cual las tomas de decisiones son comprendidas en términos de co-responsabilidad y autonomía. Pero no como comunidad o unidad cerrada, si no inmersa en una red de interrelaciones interdependientes, a la vez necesarias y base de la praxis instituyente.


13 de julio de 2016
Fuente: Kaosenlared
Nota de Edurne Bague

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