Una conjunción de cambios en políticas públicas y en la legislación crea una tormenta perfecta para desplazar o eliminar la gestión comunitaria de los sistemas de agua de uso doméstico: en 1981, la entrega a los estados y ayuntamientos de los sistemas que operaba la federación; en 1983, la reforma al artículo 115 constitucional que obliga al municipio a atender el abasto de agua de uso doméstico; en 1992, una nueva ley agraria que resta atribuciones a los ejidos y comunidades agrarias, y también en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, con un nuevo sistema de concesiones que permitió el desconocimiento de los derechos históricos de miles de comunidades.

Existe una continuidad del nivel organizativo de la comunidad desde la época prehispánica y la diáspora tlaxcalteca en la Colonia. Pasa por la contracción de los derechos de agua durante la segunda mitad del siglo XIX y por su recuperación con el reparto agrario, y pasa por la supresión de organizaciones de regantes en el marco de los distritos de riego y -en las décadas recientes- con las políticas neoliberales y legislación que tiende a desaparecer el nivel de gobierno comunitario.

Los más de dos mil 500 sistemas ciudadanos de autoabasto de agua potable que hoy operan en México, son el resultado de décadas de trabajo autogestivo comunitario, por un lado, y del descuido y falta de interés del Estado, por el otro.

La privatización del agua ha avanzado en el Distrito Federal desde 1996, por medio de concesiones a cuatro trasnacionales con ligas con corporaciones mexicanas.

La privatización de los sistemas de agua y saneamiento ha adoptado diversas formas pero presenta una constante: el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas, convirtiéndolas en fuentes de lucro para el capital.

Una proporción significativa de los territorios de los pueblos originarios se localiza en las partes altas –los parteaguas- de las sierras que atraviesan el territorio nacional, en donde se precipitan millones de metros cúbicos de agua al año. Los territorios indígenas ocupan el 67 por ciento de la superficie donde llueve más de cuatro mil 500 milímetros anuales en nuestro país (Boege, 2008), esto es las montañas que reciben los huracanes tanto del Pacífico como del Golfo de México.

Hoy en día México es un país urbano; el 72 por ciento de la población vive en ciudades, las cuales consumen una gran cantidad de bienes (agua, alimentos, fibras, madera) producidos y transportados desde ámbitos rurales. Generan enormes cantidades de desechos que contaminan ríos y arroyos e impactan ecosistemas. Requieren de servicios ambientales para prevenir inundaciones y erosión, así como para regular procesos hidrológicos.

Dada la importancia del agua en la vida, se requiere nuestra participación para la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio que habitamos. La actual Ley de Aguas Nacionales especifica que la ciudadanía puede colaborar por medio de los Comités, Comisiones o Consejos de Cuenca. Estas instancias son órganos colegiados de integración mixta, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por microcuenca, subcuenca y cuenca, respectivamente.

Aunque limitados en su alcance por su carácter consultivo, los Consejos de Cuenca son instancias diseñadas para la cogestión del agua. En el país operan 26 Consejos de Cuenca que la aún vigente Ley de Aguas Nacionales define como órganos colegiados de integración mixta entre representantes de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos y restablecer el equilibrio entre su disponibilidad y aprovechamiento.

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se anunciaron próximas inversiones de 250 mil millones de pesos en macropresas, trasvases y desalinizadoras para hacer llegar el agua a todos los mexicanos. Esta visión, que asume el derecho humano al agua como dádiva del Estado a ser exprimido de un medio ambiente mezquino, para dotar el servicio a una población pasiva, invisibiliza el vital papel de las comunidades y sus ecosistemas en la provisión de agua.

Los derechos humanos, antes que normas jurídicas, son procesos históricos de lucha por medio de los cuales grupos subalternos pugnan por universalizar el acceso a bienes o intereses fundamentales para la vida, frente a poderes fácticos que intentan convertirlos en privilegios o mercancías.

México está en la encrucijada entre un modelo de desarrollo extractivista, autoritario y privatizante al servicio de intereses foráneos, por un lado, y la gestión democrática y sustentable del agua … Seguir leyendo La Campaña Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida →

Avecindados de antiguo en una cuenca lacustre, los chilangos fuimos por mucho tiempo gente del agua. Ahora las grandes aguas se fueron y sólo las recordamos durante la temporada de lluvias cuando brotan a chorros por las alcantarillas como si el lago enterrado quisiera regresar y en los terremotos cuando el subsuelo lodoso multiplica la fuerza de los sacudones. Pero si no llueve y no tiembla, los defeños poco pensamos en el lago perdido.

Acapulco.- Ante alcalde de las siete regiones del estado, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld Federman, se reunieron para evaluar obras de reconstrucción en materia de agua potable.

“El problema consiste en que las bombas que suministran el agua a la capital se descomponen porque  administraciones anteriores no dieron  mantenimiento a los pozos, lo que se traduce en molestia de los usuarios cuando se interrumpe el servicio de agua potable por reparar los sistemas de bombeo”, así lo dio a conocer, Juan Bárcenas González, director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala.

Cd. de México (13 mayo 2014).- Justo cuando el valle de Cuatro Ciénegas en Coahuila estaba al borde de la muerte ambiental, un grupo de científicos logró revivir el río que es el corazón de este ecosistema.