Privatizar el agua no beneficia a Nicaragua
28 abril 201128 de abril de 2011
Fuente: El Nuevo Diario
Por Edith Pineda y Rafael Lara
Las propuestas de reforma la Ley de Aguas introducidas al Parlamento, y que de acuerdo con la expresidenta de Enacal Ruth Selma Herrera, disfrazan el interés de presentar económicamente atractivo el servicio de agua potable ante los ojos de inversionistas, no tienen ni lógica ni asidero legal, a criterio de entendidos en el tema.
Maura Madriz Paladino, oficial del Agua de Centro Humboldt, dijo que las acciones están en la ruta equivocada, primero porque el agua es parte del patrimonio de país, y la Ley manda a que esté bajo la tutela exclusiva del Estado, y, segundo, porque en lugar de estar pretendiendo cosas que de sobra han sido rechazadas por la sociedad civil y la misma población, deberían centrarse en corregir el servicio ineficiente de Enacal. Estimaciones del último estudio nacional realizado por Centro Humbolt alertan que el 86% de la población no cuenta con acceso ni disponibilidad adecuada del servicio de agua potable.
Recordó que la Ley es clara respecto a que es el Estado el responsable de garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos, “evitando que pueda ser objeto de privatización alguna”.
“Para poder reformar la Ley se necesitaría hacer una consulta pública; desde hace muchos años toda la organización civil ha estado en contra de la posibilidad de privatizar el agua desde cualquier forma que sea vista”, dijo, dejando claro que la Ley no puede ser cambiada a merced de la voluntad de algunos diputados.
Muestra de la falta de compromiso de la aguadora por garantizar el abastecimiento adecuado de agua potable a la población, son los buenos resultados reportados a raíz de la creación de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, CAPS, que desde el inicio han trabajado por mejorar el acceso y la disponibilidad del agua de muchas comunidades rurales, mencionó la fuente. Señaló que las organizaciones comunitarias están haciendo el papel que debería ser asumido por el Estado, y que, en ese sentido, les están dando lecciones.
Mejor fortalecer los CAPS
En vez de hablar de reformas a Ley y de posible privatización del servicio, Madriz recomendó que trabaje por fortalecer las capacidades de los CAPS.
Respecto a esa posibilidad, el doctor Jaime Incer opinó –teniendo como referencia la experiencia con la privatización de la distribución de energía– que este tipo de decisiones no abonan a la ciudadanía, y, por el contrario, hacen más oneroso el servicio. “No creo que una privatización nos beneficie”, enfatizó el experto.
Total oposición
Miguel Ruiz, en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, CST-JBE, dijo que no conocen sobre la posible privatización de Enacal, pero rechazan cualquier intento de privatización de los servicios básicos.
“Vamos a seguir peleando que Enacal, que es un bien del Estado, debe ser un patrimonio de los nicaragüenses y no se le puede privatizar. Lo dicho hasta ahora son rumores, pero de ser cierto, desde ya lo estamos rechazando”, alegó Ruiz.
Alejandro Prado, Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de Enacal, señaló que conoce de la reforma a la Ley 276, pero hasta el momento no han analizado los alcances de los nuevos elementos que intentan aprobar, y que eso podría implicar en alguna medida la posibilidad parcial de privatización.
“Esto comprende una especie de fusión de la Autoridad Nacional del Agua, INAA y el Enacal. Aparentemente, la reforma tiene un trasfondo, y en ello está implicada la comercialización del líquido vital por parte de algunas empresas para agua embotellada”, dijo Prado.
En 30 años podríamos padecer
Madriz lamentó que un país que tiene tanta riqueza hídrica en volumen carezca de la capacidad para poder satisfacer la demanda básica de su población, y, más que eso, que no se tenga convicción para formular planes encaminados al uso racional y a la sostenibilidad de los recursos como el agua.
“Si seguimos a este ritmo, a unos 30 años no vamos a tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades”, sentenció, pues dijo que el grado de deforestación, el avance de la frontera agrícola, el desarrollo de los monocultivos, la extracción minera y la actividad industrial, entre otros factores, están degradando los recursos hídricos superficiales y subterráneos, y eso pone en una posición aún más “vulnerable” a la población.