Explicó que la política contenida en el Plan Nacional Hídrico no menciona lo anterior, por lo que éste debe modificarse, así como sustituir infraestructura y suministrar mantenimiento mayor. En agua potable y saneamiento se requiere un equilibrio entre los costos de producción e insumos, pero este año se aplicó una disminución de 72 por ciento de subsidio al subsector.

Son los temas que no comprendemos y que van en contra del imperativo: los derechos humanos de acceso al agua son progresivos y no regresivos, como en este caso. Hablamos de una barbaridad que ha cometido el Legislativo y, en todo caso, el Ejecutivo, en el paquete económico, advirtió el dirigente de la asociación, que agrupa a la iniciativa privada del sector.

Mencionó que grandes obras, como el Túnel Emisor Oriente o la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, resuelven en parte el problema, pero desatienden lo del día a día. En servicios de agua potable y saneamiento necesitamos identificar tres costos: el primero es el cotidiano, referente al pago de energía eléctrica, nómina e insumos, pero se cubre deficitariamente; el segundo es el mantenimiento mayor, que no se atiende, y el tercero es hacia adelante, ante el crecimiento demográfico.

Todo esto tiene un costo importante de 30 pesos por cada metro cúbico, pero en el país la tarifa promedio es de ocho pesos, por lo que el déficit difícilmente se podrá superar. Por tanto, la eficiencia de los operadores no está garantizada, porque hay problemas para atender y dar servicios de calidad.

Recordó que en 2006, en el contexto del Foro Mundial del Agua, el presupuesto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se elevó de 11 mil millones de pesos a 55 mil millones. Sin embargo, hoy la reducción es notable y vamos hacia atrás; es fundamental situar los servicios de agua potable y saneamiento como eje de desarrollo.

Indicó que en cuanto a los políticos y los partidos, en las campañas dicen que habrá más agua de mejor calidad gratis. Es un tema que nos tiene postrados en esta situación tan compleja. Hay que hablar de rendición de cuentas y transparencia, y de que los servicios tengan lo elemental de información a la gente, para saber cómo estamos y las dificultades que enfrentamos.

En relación con la Ley General de Aguas, consideró que debe atenderse con urgencia y tiene que ser un instrumento adecuado a las circunstancias actuales. Las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, de 2004, no resolvieron el problema de fondo y, sobre todo, el modelo de gestión. Esta ley debe garantizar el derecho humano al agua, para esto está precisado su objetivo y tenemos que realizarlo.