Gestión comunitaria a la constitución (Redes del agua)

25 febrero 2025 Agua

Ley General de Aguas: 13 años sin un marco legal que asegure el derecho humano al agua y saneamiento

El 8 de febrero de 2025 se cumplieron 2904 días (13 años) del mandato oficial al Congreso de la Unión para emitir una Ley General de Aguas (LGA), en el contexto de la reforma al artículo 4to de la Constitución Política en materia del Derecho Humano al Agua y Saneamiento. En más de una década se ingresaron varias iniciativas para este efecto, sin embargo, ninguna de ellas. logró ser aprobada. Mientras tanto, continúa vigente la Ley de Aguas Nacionales (LAN), creada en 1992 a partir de un proyecto político enfocado en abrir la economía a la inversión internacional y al capital privado.

Como organizaciones de la sociedad civil, reiteramos la necesidad de avanzar en la conservación, aprovechamiento, manejo y administración del agua a través de un solo marco normativo, representado en la Ley General de Aguas. La coexistencia de una LAN y una LGA generaria problemas en su aplicación, principalmente en cuanto a eficacia y operatividad, debido entre otros aspectos al antagonismo en relación con los modelos de gestión del agua que suponen.

Actualmente el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum promueve el “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad” además del “Plan Nacional Hídrico”, basados principalmente en 10 compromisos que dan cuenta de una política pública con enfoque de derechos, incentivando participación de los tres niveles de gobierno. No obstante, observamos una grave contradicción en este sentido, toda vez que la propuesta oficial no contempla la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, principal responsable de la crisis de calidad del agua, acaparamiento y privatización a través de un sistema de concesiones desbordado y sin regulaciones efectivas.

A través de la Conagua se inició un proceso de foros participativos en varios estados de la república con la intención de recabar propuestas para una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esta iniciativa ha sido cuestionada desde diversos sectores, tanto por la promoción de dos leyes paralelas, como por la participación limitada a una metodología de selección excluyente.

En ese sentido vemos con escepticismo este nuevo proceso, que si bien intenta dar cumplimiento a la creación de una Ley General de Aguas, mantiene los privilegios de quienes hoy son dueños del agua en México, amparados por una Ley de Aguas Nacionales que ha demostrado ser incapaz de administrar con equidad y regular concesiones para asegurar la sustentabilidad del agua y conservación del medio ambiente, y particularmente de asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos al agua y saneamiento para toda la población.

Los actores sociales dedicados al tema hidrico tenemos una amplia vocación de trabajo colaborativo y propuestas concretas, por eso hacemos un llamado urgente a tomar en cuenta las iniciativas que ya existen y que se han desarrollado desde diferentes frentes en estos 13 años de incumplimiento y desacato por parte del Congreso de la Unión.
En todas estas propuestas, entre otros temas cruciales, se reconoce la importancia de la gestión comunitaria del agua como un pilar fundamental para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Por ello, exigimos que se le dé la importancia política necesaria y se eleven con urgencia a rango constitucional las organizaciones comunitarias que proveen sin fines de lucro servicios de agua y saneamiento, ya que esta es una práctica histórica que atiende a la población donde el municipio no logra llegar, convirtiéndose así en el aliado natural en las localidades rurales alejadas, para que el Estado logre el cumplimiento de esta obligación.

Desde este punto de vista, manifestamos nuestra profunda preocupación y decepción ante la decisión de la Cámara de Diputados de no proseguir con el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua que ya se discutió y aprobó en lo general en la legislatura correspondiente a agosto de 2024. Cabe destacar que la gestión comunitaria del agua, junto con la prohibición del maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto, formaba parte del paquete de reformas constitucionales en materia ambiental impulsado en el sexenio anterior. Esta omisión voluntaria, a través del uso del artículo 288 del reglamento interno del congreso, representa un retroceso tanto en la protección de los recursos naturales y de la salud de las y los mexicanos, como en el cumplimiento de la obligación que el Estado tiene con el derecho humano al agua y saneamiento.

Reiteramos que la gestión comunitaria es un modelo que ha permitido a miles de comunidades acceder y administrar de manera sostenible el recurso vital. Es fundamental que esta iniciativa sea retomada antes de discutir cualquier otro proyecto de ley sobre el tema, ya que actualmente más de 20 mil organizaciones comunitarias garantizan el acceso al agua y saneamiento al menos a 25 millones de personas en zonas marginadas del país.

Con este pronunciamiento solicitamos colocar a las comunidades en el centro de la gestión del agua en el medio rural y periurbano, ya que estas. organizaciones demuestran que han sido capaces de abastecer el agua y el saneamiento en sus comunidades, respondiendo al llamado constitucional de cumplir con los derechos humanos suscritos y dejar de ver al agua como bien privado y como servicio mercantilizado.

Celebramos los 108 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos sumamos a la exigencia para que en el menor tiempo posible sea emitida una Ley General de Aguas que garantice realmente los derechos humanos al agua y saneamiento, explícito en la carta magna desde hace más de una década. Junto con esto reiteramos la necesidad de elevar a rango constitucional la gestión comunitaria del agua.