Las iniciativas en el Congreso pretenden tomar el control de los cuerpos de agua superficial y subterránea, propiedad de la nación.

Desde 2012 el Congreso ha dejado en el tintero uno de los más grandes pendientes en materia de derechos humanos: la emisión de la Ley Reglamentaria del artículo 4 de la Constitución que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. Dicha reforma requería que, en un plazo de 360 días, se expidiera la correspondiente Ley General de Aguas. Leer más