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El suelo de conservación que sostiene a la Ciudad de México

Redacción: agua.org.mx/Karina Bautista-Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

Investigación: Valeria A. Tapia R.-Estudiante de la licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana

La Ciudad de México está dividida en dos grandes tipos de suelo: el urbano y el de conservación. El primero concentra la mayor parte de las construcciones y la infraestructura; el segundo es el territorio que, en principio, debe mantenerse libre de urbanización.

Aunque vivimos rodeados de concreto, el suelo de conservación ocupa la mayor parte del territorio de la ciudad. El suelo urbano representa apenas el 41%, mientras que el 59% restante (unas 88 000 hectáreas distribuidas entre Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco y otras seis alcaldías) corresponde al suelo de conservación^[1]

Este territorio no solo tiene una gran belleza ni únicamente preserva áreas verdes, sino que cumple una función fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad. Es uno de los principales espacios donde el agua de lluvia puede infiltrarse en el suelo y contribuir a la recarga del acuífero.

En las zonas urbanizadas ocurre lo contrario. La lluvia cae sobre calles, banquetas y otras superficies impermeables, por lo que el agua escurre rápidamente hacia el drenaje en lugar de infiltrarse. Prácticamente, el agua, se pierde.  En otras palabras, una parte importante del agua que abastece a la ciudad depende de un territorio que, precisamente, se ha mantenido sin urbanizar.

Pero este territorio no termina en la Ciudad de México. El suelo de conservación forma parte de una región mucho más amplia: el llamado Bosque de Agua.

Con alrededor de 250 000 hectáreas de bosque templado, el Bosque de Agua se extiende por la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México. Abarca zonas como el Tepozteco, la Sierra del Chichinautzin, las Lagunas de Zempoala, el Ajusco, el Desierto de los Leones y la Sierra de las Cruces.^[2]

Su importancia tampoco se limita al agua. Un análisis espacial encontró que el 62% de esta superficie concentra puntos de alta importancia para al menos uno de cuatro servicios ecosistémicos. Esto significa que el Bosque de Agua cumple varias funciones al mismo tiempo: contribuye a la recarga de agua, almacena carbono, alberga una gran diversidad de especies y ayuda a regular el clima de la región metropolitana. ^(Ibidem)

No obstante, hay un aspecto fundamental para entender el suelo de conservación: la propiedad de la tierra.

Cerca del 70% de su superficie pertenece a núcleos agrarios que toman sus decisiones de manera colectiva, a través de asambleas. ^[3] Esto significa que buena parte de los territorios que contribuyen a la recarga del acuífero de la ciudad está en manos de comuneros y ejidatarios.

Por eso, conservar estos espacios no depende únicamente de decretos, normas o límites establecidos en un mapa. También depende de las decisiones que toman quienes son dueños de la tierra: mantenerla sin vender, talar o urbanizar.

Estas decisiones tienen consecuencias que van más allá de cada comunidad. Cuando una parcela se conserva, se mantiene un espacio que puede contribuir a la infiltración del agua, al almacenamiento de carbono, a la conservación de la biodiversidad y a la regulación del clima. Pero mantener el territorio en estas condiciones también implica costos para quienes lo poseen. Y ahí aparece una pregunta fundamental: ¿quién debe asumir el costo de conservar un territorio del que se beneficia toda la ciudad?

Ahí entran los pagos por servicios ambientales, una de las principales herramientas de política pública para conservar estos territorios. La idea es sencilla: compensar económicamente a los propietarios de la tierra a cambio de que mantengan los bosques y otros ecosistemas.

Sin embargo, los resultados han estado lejos de lo esperado. Un análisis de dos programas aplicados en el suelo de conservación de la Ciudad de México encontró que los pagos no compensaron el costo de oportunidad de conservar. Además, los beneficiarios terminaron dependiendo del subsidio en lugar de desarrollar actividades productivas propias, y los recursos llegaron a utilizarse como moneda de cambio político dentro de algunas comunidades. [4]

El problema tampoco se limita a la capital. A escala regional, otro análisis encontró que los pagos se concentraron principalmente en zonas con bajo riesgo de degradación, lo que redujo su impacto sobre la conservación. En otras palabras, una parte importante de los recursos se destinó a lugares que probablemente se habrían conservado de cualquier manera.

Pero el dinero no es el único problema. También existe un desorden en las reglas que determinan qué puede hacerse en el territorio.

Una investigación publicada en 2026, que propone crear un sistema integrado de áreas protegidas y corredores biológicos e hidrológicos para el Bosque de Agua, encontró contradicciones, vacíos y omisiones entre los distintos instrumentos que regulan el uso del suelo, el agua y la biodiversidad. (ibidem)  El problema llega a tal punto que, en algunos municipios, un instrumento puede permitir la urbanización en una zona donde otro establece que debe conservarse.

Así, el bosque no solo enfrenta la presión de la urbanización: también enfrenta un conjunto de reglas que no siempre dicen lo mismo. Y cuando las normas se contradicen, la protección del territorio queda, en buena medida, sujeta a cuál de ellas termina aplicándose.

Mientras tanto, la ocupación del suelo de conservación continúa, pero no siempre de una forma evidente. Desde hace décadas se documenta en el sur de la ciudad un proceso conocido como “invasión hormiga”: en lugar de ocupar un predio de manera masiva y visible, se construyen viviendas precarias de forma dispersa y en lugares poco visibles. Si las autoridades no intervienen, estas construcciones pueden consolidarse con el tiempo y hacer prácticamente irreversible la ocupación. (3)

Frente a este proceso, la respuesta institucional tampoco ha sido suficiente. Una evaluación externa de uno de los programas de conservación encontró que el propio equipo operativo reconocía que buscaba “alejarse de ese problema”. En lugar de trabajar con los grupos cercanos a los asentamientos, se evitaba su atención y se dejaba la coordinación en manos de otras áreas, como las encargadas de vivienda y desarrollo urbano.

Pero existen alternativas concretas.

En materia de ordenamiento territorial, una propuesta reciente plantea establecer corredores de conservación a lo largo de ríos y barrancas. Al tratarse, en algunos casos, de zonas federales, estos espacios pueden ofrecer mayores posibilidades de protección. La propuesta también plantea financiar los pagos por servicios ambientales con recursos provenientes de los propios habitantes de la ciudad, que son quienes se benefician de los servicios que proporciona el territorio. ⁽³⁾

También existen herramientas para que las propias comunidades puedan evaluar lo que ocurre en sus ecosistemas. Un equipo desarrolló métodos para medir tres servicios ambientales (infiltración de agua, almacenamiento de carbono y biodiversidad) utilizando materiales accesibles y poco especializados. Las herramientas fueron probadas directamente con beneficiarios y funcionarios, con el objetivo de que las comunidades puedan generar y utilizar su propia información sobre el estado de sus ecosistemas.(4)

El reto, entonces, no es únicamente conservar más hectáreas. Es construir una política que reconozca el papel de quienes poseen y cuidan estas tierras, que les permita obtener beneficios justos por conservarlas y que, al mismo tiempo, cierre las contradicciones que permiten que un territorio sea protegido por una norma y urbanizable por otra.

El Bosque de Agua no es un espacio lejano ni un paisaje que podamos dar por sentado. Es parte de la infraestructura natural que sostiene a la Ciudad de México. Si queremos seguir teniendo agua, necesitamos que conservar el territorio sea una decisión viable para quienes lo habitan y una responsabilidad compartida por quienes se benefician de él.

Necesitamos mejores reglas, instituciones coordinadas, recursos suficientes y comunidades con herramientas para defender su territorio. Y también tenemos responsabilidades quienes vivimos en la ciudad.

Cada vez que consumimos agua, aunque llegue hasta nuestra casa a través de una tubería, estamos conectados con ese territorio. Lo mismo ocurre cuando ignoramos cómo crece la ciudad, cuando aceptamos la pérdida de áreas naturales como algo inevitable o cuando pensamos que conservar el bosque es responsabilidad exclusiva de las autoridades.

Cuidar el Bosque de Agua también implica preguntarnos de dónde viene el agua que usamos, qué territorios la hacen posible y qué estamos dispuestos a hacer para conservarlos. Significa informarnos, exigir que las autoridades cumplan las normas, apoyar a las comunidades que protegen sus tierras y tomar decisiones cotidianas que no profundicen la presión sobre los recursos.

El bosque puede parecernos lejano. El agua que recibimos todos los días, no. Y reconocer esa conexión es quizá el primer paso para entender que conservar el Bosque de Agua no es una responsabilidad ajena: también es nuestra.

Referencias:

[1]Molla Ruíz-Gómez, M. (2006). El crecimiento de los asentamientos irregulares en áreas protegidas. La delegación Tlalpan. Investigaciones Geográficas, (60), 83-109.

[2]Villanueva, A., Fagandini Ruiz, F., Galicia, L., & Figueroa B., E. (2023). Análisis espacial de servicios ecosistémicos en la periferia de Ciudad de México: implicaciones para la conservación en el Bosque de Agua. Ecosistemas, 32(3), 2523.

[3]Cetina Arenas, L., Koff, H., Maganda-Ramírez, C., & Almeida-Leñero, L. O. (2022). Los pagos por servicios ambientales en la Ciudad de México: un enfoque de coherencia de políticas públicas. Región y Sociedad, 34, e1601.

[4] Jaramillo Monroy, F., Oswald-Spring, Ú., Morales Gamas, A., & Ledesma Arreola, M. (2026). Sistema de áreas naturales protegidas y corredores biológicos e hidrológicos del Bosque de Agua (Sanba). Economía, Sociedad y Territorio, 26, e2259.