Equitativo, porque también buscará una distribución con mayor conciencia. Real, porque los organismos como el SIAPA deberán estar a tono en sus áreas técnicas, comerciales y de cobranza.
De acuerdo con el delegado de la Comisión Nacional del Agua en Jalisco, José Elías Chedid Abraham, en la reforma que se discute a nivel Federal no hay “privatización” ni distribución medida, sino un plan de mejora en la operación de cada instancia del giro, en todos los aspectos.

— ¿Qué bondades hay en la Ley de Aguas?
— Tiene como intención fortalecer a los organismos operadores de agua y fortalecer la participación de los ciudadanos en las determinaciones de los temas del agua.
Incorpora a más organizaciones a los consejos de Cuenca, que es el mecanismo de la Conagua para tener contacto con el usuario del agua. Y esas características la hacen más democrática y participativa, pero también con más compromiso de la gente para el cuidado del agua.

— ¿Por qué la rechazan los académicos, por ejemplo?
— Todos los temas los politizan. Son los mismos grupos de siempre que todo lo politizan y le cambian el contexto a las cosas. Son los mismos grupos. Es la gente que tiene un interés diferente al beneficio del agua; un interés propio, un interés personal, y que mercan con el tema del agua: esa es la realidad.
Quien haya leído el documento no puede decir que es privatizadora; simplemente no lo han leído. Traen su rollo y lo que están haciendo es porque es político, porque estamos en un año político y le quieren sacar provecho. 

—  ¿Cómo explica que se faculte a actuar a los cuerpos de seguridad en obras de Conagua?
— Es un tema que se exagera; el tema del agua es un tema de seguridad nacional. Lo que no puede permitir el Gobierno de la República es que se atente contra el volumen, la cantidad y calidad del agua que se suministra a una población.
Imagínense que pudiéramos permitir que cualquiera se metiera al sistema Cutzamala y envenenara el agua, el problema en que meteríamos a tantos millones de habitantes. O que dinamitaran una tubería de un acueducto y el agua no pudiera llegar de una población a otra.
Es un tema de seguridad nacional. Lo que la ley prevé es que no pueda haber grupos con intereses diferentes que atenten contra la mayoría. Es una cuestión de abasto; de seguridad nacional.
— ¿Limitar a 50 litros por día el consumo por habitante se contrapone al derecho humano al agua?
— No limita, esa es otra mala interpretación. Está marcando lo mínimo que tiene la obligación la Conagua; es una norma marcada por la ONU. La mínima cantidad de agua que puede suministrarse a un ser humano es 50 litros por día, pero no quiere decir que se va a limitar a que tengamos 50 litros de suministro. Eso va a depender de la disponibilidad de las cuencas, y va a depender de la temperatura, incluso de los usos y costumbres de cada lugar.
Hay lugares que con 20 litros por habitante al día están satisfechos; hay lugares que con 300 litros. (La Conagua) está marcando un mínimo como una obligación para poder suministrarle agua al ser humano. No es que todos los proyectos ahora se van a diseñar para 50 litros por habitante al día. 

— ¿La crisis de agua prevista por la ONU a dos décadas, obliga a tomar previsiones?
— Es porque somos cada vez más habitantes y el volumen económicamente disponible es, no exactamente el mismo, porque la tecnología ha permitido que dispongamos de volúmenes que hace 50 años no estaban disponibles. 
El problema es que sigue creciendo de manera considerable la población del mundo y el volumen es prácticamente el mismo.
Además: en el volumen de agua contaminada en relación con el agua limpia, la relación es todavía más en decremento de los seres humanos. Por más que hemos hecho el esfuerzo del saneamiento, éste no se concluye porque la gente no acaba de entender que el saneamiento (también) pasa por uno.

— Indica que la ley tiene como fin reforzar a los organismos operadores, ¿cuál sería el antes y después en el SIAPA?
— Ayudaremos a que los organismos se saneen.

— ¿Que la participación privada entre con recursos en el servicio?
— Esa es una alternativa que siempre ha existido.
En la prestación de servicios, el municipio puede subsidiar a una empresa privada la recolección, manejo y tratamiento de basura; o el almacenamiento, disposición y distribución del agua, y en el saneamiento.
Hoy tenemos en Guadalajara varias obras administradas por la iniciativa privada porque pusieron la mitad de lo que costaron las obras. Están las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta, pero ése no es el tema: el tema es fortalecer a los organismos operadores de agua (como el SIAPA) para que puedan sanear sus finanzas. Empezar primero por la parte de las fugas. En la Ley General de Aguas se prevé que en consejos de cuenca ya participen de manera más activa municipios, organismos operadores y organizaciones no gubernamentales.

— ¿Cómo se reforzarían las finanzas de estos organismos?
— Más bien enseñándoles a operar bien, no es tanto que les des dinero, es que les ayudes para que puedan cobrar. Si un organismo no tiene su área comercial eficiente, si tiene mucha gente conectada a la red que no está pagando, o que no paga con la tarifa que correspondiera. Eso es lo que hace el estudio que sobre el SIAPA: te ayuda a determinar cómo tener la parte comercial de tu organismo sana. Es un tema de capacitación.

— ¿Y eso no se puede lograr sin una nueva ley?
— Sí, pero entonces a los organismos no les das la participación en la toma de decisiones, que es lo que hace la nueva ley. 
El asunto es que, hoy, la Ley de Aguas Nacionales va por usos; no es una ley general. ¿A poco el agua de servicios es diferente que para el uso público urbano, o para la agricultura? Es la misma H2O. Entonces, la Ley General del Agua prevé que el agua como tal esté debidamente cuidada y vaya en beneficio de todos los mexicanos.

PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA
Desde la extracción hasta el cobro de tarifas

La nueva Ley de Aguas Nacionales, que está en discusión en el Congreso federal, permite que empresas privadas puedan participar activamente en el proceso completo de distribución de agua potable. Eso sí: el prestador de los servicios “será responsable de su actividad”, y responderá ante cualquier omisión.

El Artículo 80 del dictamen que presentaron en febrero pasado las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos del Congreso, establece que “las autoridades deben fomentar la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos”. Ejemplifica con títulos de concesión o contratos de asociación público privada, entre otros “instrumentos”.

El eje central no se desvía de procurar el derecho humano al agua, canon que se encuentra tanto en tratados internacionales como en la Constitución Mexicana. No obstante, sí permite la participación de sectores “social y privado en la prestación de los servicios públicos”. Y la cadena de operación está cubierta, pues podrán incidir desde la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y hasta cobro de tarifas.

En las 119 páginas de la iniciativa de reforma (la actual está vigente desde 1992) no se hace una sola mención del término “privatización”, pero sí 21 alusiones a la participación del sector privado, condición que según el delegado en Jalisco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Elías Chedid Abraham, no es novedoso en el documento publicado el pasado 5 de marzo en la Gaceta Parlamentaria.

No miente: el documento previo, firmado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari hace 23 años, sí contempla inversión privada en el financiamiento, construcción y operación de obras hidráulicas federales. Aunque la libertad para involucrar a la iniciativa privada en otros temas del sector agua es evidente en el nuevo documento.

En tanto, sobre los principios que sustentan la política hídrica nacional (Artículo 82), está el que la distribución, manejo y gestión del agua “deben ser económicos, eficientes, equitativos, democráticos, participativos, responsables, solidarios, sostenibles y transparentes”. Además, refiere, hay prioridad de atender con el líquido “a grupos vulnerables y a la población menos favorecida económicamente”.

Al menos en seis ocasiones se menciona en el texto que el agua es un tema de “seguridad nacional” para el Estado Mexicano. Y ante esto, se establece que todos los niveles de Gobierno deben “elaborar y ejecutar políticas, programas, instrumentos y acciones para garantizar el derecho humano al agua”, pero también tendientes a la mejora en la distribución del agua a través de los organismos operadores. Todo, con meta de lograr la aún distante cobertura universal.

Por una mejor gobernanza: CEA

No hay retroceso sino evolución. La nueva Ley de Aguas “beneficia a todo el país”, pues llama a una “mejor gobernanza” del líquido, responde el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias.

Apunta que, entre las bondades, estará un mayor apoyo económico a los organismos operadores como el SIAPA. Sobre la entrada de la iniciativa privada a los organismos dice: “No sólo en el agua: todo lo que es infraestructura y desarrollo. Hablamos de caminos, energía y agua”.

TRASTOCAN TRANSPARENCIA
Universidades públicas exigen un debate amplio e incluyente

Porque el tema de agua no es menor, tres universidades públicas en el país unificaron criterios y lanzaron un llamado al Congreso federal para, que antes de cualquier secuencia a la iniciativa, se priorice “un debate amplio, plural e incluyente”, en el que sean más ciudadanos y menos los políticos quienes decidan el rumbo de las políticas hídricas en el país.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pidieron públicamente que se preste especial atención a ciertos contenidos de la iniciativa para la nueva Ley de Aguas, toda vez que “limita el desarrollo de la investigación en la materia”.

Esto porque ciertos lineamientos “potencialmente penalizan la realización de proyectos de investigación, que favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.

Los tres rectores de esas casas de estudio, José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, respectivamente, convinieron en que las resoluciones se tomen en cuenta a más sectores, en aras de que antes de elevarse a estatuto legal, la nueva ley tenga el visto bueno de la mayoría.

“Que puedan intervenir todos los sectores del país, a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.

La difusión, promoción y fomento de investigaciones en el dictamen está en los artículos 11 (facultades de la Federación), 14 (de la Conagua), 24 (de Estados y municipios), 31 (impulso y desarrollo de investigación científica), 32 (creación de institutos y centros de investigación), 191 (institutos de investigación, asociaciones de usuarios y el sector privado) y 205 (prevención y control de contaminación).

La reforma se frenó en su discusión hasta que pase el periodo electoral de junio próximo.

CLAVES
La reforma a detalle

Desalinización La nueva Ley de Aguas contempla la desalinización de agua de mar, con el fin de aumentar la cantidad de agua potable. Esto ha sido ampliamente criticado por biólogos en el país, quienes consideran que, además de los altos costos, se afecta el ecosistema marino.

Trasvases Faculta el trasvase, o bien, el uso y aprovechamiento de agua desde una cuenca que es dirigida a otra con la que no hay conexión natural, bajo el argumento de que las condiciones en el país (incremento en la población y en la demanda) “han obligado al Estado mexicano a implantar medidas drásticas”. La crítica aquí reside en el impacto ambiental que tendrán las obras durante y después de su ejecución, así como los efectos sobre los peces de una cuenca.

Consumo Establece un volumen de agua mínimo vital de 50 litros por persona. Según Elías Chedid, esa es la mínima cantidad que se podrá entregar a una persona por día, aunque no necesariamente es lo único que recibirá. El documento dice que este “mínimo vital” debe quedar garantizado.

Empresas Los organismos operadores podrán, si así lo deciden, ser operados por la iniciativa privada. Desde el proceso de extracción, hasta la conducción, potabilización, suministro, disposición, desalojo e incluso el cobro de tarifas.

Tarifas Permite el acceso a nuevos créditos para que los organismos operadores presten su servicio bajo nuevos estándares de calidad. Anticipa nuevas tarifas, pues dichos cánones deben asegurar “sostenibilidad presente y futura en la prestación de tales servicios, en la cantidad y calidad necesarios”.

Extra Faculta la exploración de fuentes adicionales de agua al sector privado, aunque en coordinación con los tres niveles de Gobierno y “la colaboración de universidades, institutos de investigación y asociaciones de usuarios”.

LA CIFRA

21 Ocasiones se señala en la propuesta de reforma la participación del sector privado.

50 Litros sería el volumen vital, al que tendrían acceso cada persona a diario.

389 Mil habitantes en la metrópoli no tienen acceso a la red de agua potable.

1,202 Millones de pesos deben los usuarios morosos.

6,000 Millones de pesos se requieren para grandes obras proyectadas por el SIAPA.

30 de marzo 2015

Fuente: El Informador

Nota y foto de: A. García