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Las aguas residuales de los asentamientos arruinan las cosechas y contaminan el agua potable de los palestinos

29 de abril de 2010
Fuente: Rebelión
Nota de Mel Frykberg (Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández)

La Administración Civil Israelí, que administra la Cisjordania ocupada, afirma que el vertido fue consecuencia de una avería de funcionamiento que hizo que el exceso de aguas residuales del asentamiento se desbordara sobre las tierras palestinas.

Los campesinos que se encontraban cerca de los 70.000 metros cuadrados de viñedos completamente destruidos pertenecientes a la familia Sabarneh dijeron que creían que era un acto deliberado de sabotaje y parte de una campaña coordinada por los colonos para acosar a sus vecinos palestinos y arrasar sus propiedades.

El pasado mes, Beit Ummar fue objeto de varios ataques nocturnos del ejército israelí, que arrestaron a los activistas que habían estado organizando protestas pacíficas contra la expropiación de su tierra a favor de los asentamientos, dejando al pueblo completamente bloqueado.

Un incidente similar aconteció la pasada semana en el pueblo palestino de Burqin, al norte de Cisjordania, que se vio inundado con las aguas fecales del cercano asentamiento de Ariel, que contaminó las aguas subterráneas y los manantiales y dañó las cosechas.

Estos incidentes son parte de un problema mucho mayor de escasez de recursos acuíferos, donde una población palestina de 2,5 millones de seres sobrevive con sólo el 17% del principal acuífero subterráneo de Cisjordania.

El agua restante se canaliza hacia los 500.000 colonos israelíes en Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental) y hacia el mismo Israel.

La escasez de agua se agrava por la falta de plantas de tratamiento de las aguas residuales y por el deficiente tratamiento de basuras y aguas fecales en el territorio palestino, lo que no hace más que contaminar sus recursos acuíferos.

El grupo por los derechos humanos israelí B’tselem publicó un estadio el pasado año titulado “Juego sucio: Abandono del tratamiento de aguas residuales en Cisjordania”.

Según la organización, más del 90% de las aguas residuales palestinas no recibe tratamiento alguno y sólo el 20% de los hogares palestinos, fundamentalmente los ubicados en ciudades y pueblos, están conectados con sistemas de alcantarillado.

Además, sólo 81 de los 121 ilegales asentamientos israelíes están conectados a instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Alrededor de la mitad de las plantas de tratamiento de los asentamientos son demasiado pequeñas para tratar eficazmente esas aguas y están mal equipadas para poder atender a la creciente población colona.

El resultado son continúas averías técnicas y desbordamientos de aguas residuales. La mayoría de los asentamientos se sitúan en lo alto de colinas y cerros, de forma que las aguas residuales fluyen hacia los pueblos y ciudades palestinos que hay en los valles de abajo, contaminando sus recursos de agua potable y destruyendo sus cosechas.

A los colonos israelíes no les afecta nada de eso porque están conectados con los alcantarillados de suministro de agua desde Israel.

Las autoridades encargadas de planificar y construir en los asentamientos y en las zonas industriales israelíes ignoran también las leyes jordanas de planificación y construcción, que son las que regulan en Cisjordania cómo deben tratarse las aguas residuales.

El informe de B’Tselem subraya también la negligencia de la Administración Civil Israelí en lo que respecta al tratamiento del agua del territorio durante décadas de ocupación y las actuales dificultades a que se enfrentan los funcionarios encargados de la cuestión de las aguas de la Autoridad Palestina cuando intentan construir nuevas plantas de tratamiento de las aguas residuales o reparar las antiguas.

En la actualidad, sólo hay una planta de tratamiento de aguas funcionando en Cisjordania, en Ramala. Otras tres han dejado de funcionar y la AP ha sido incapaz de repararlas ni de construir otras nuevas.

Cisjordania está dividida en Zona A, que está bajo control palestino, Zona B, bajo control conjunto palestino e israelí, y Zona C, que cae bajo total control israelí.

La Zona C comprende el 60% de Cisjordania. En las Zonas A y B se ha construido mucho y apenas hay tierra disponible.

Sin embargo, para desplazarse o construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en la Zona C, los funcionarios palestinos de la Autoridad encargada del Medio Ambiente de la AP necesitan permisos de construcción de la Administración Civil Israelí.

B’Tselem y los funcionarios de la AP se quejan de los retrasos que se producen cuando tratan de conseguir alguna autorización para construir, si es que alguna vez consiguen alguna.

“Para obtener los permisos, los funcionarios palestinos tienen que superar una cantidad enorme de burocracia y papeleo”, dice Eyal Hareuveni, el autor del informe de B’Tselem.

“La Administración Civil Israelí alega que los palestinos no aportan los planes de construcción necesariamente detallados como ellos les han indicado, pero yo creo que la administración no deja de ponerles obstáculos”, dijo Hareuveni a IPS.

Isa Musa, de la Autoridad para el Medio Ambiente de la AP negó que la AP proporcionara detalles insuficientes.

“Tenemos, por ejemplo, el caso de Tulkarem, al norte de Cisjordania, donde queremos construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Aportamos cuanto nos pidieron y aún estamos esperando el permiso”, dijo Musa a IPS.

Otras dificultades que impiden un tratamiento más eficiente de las aguas residuales son las restricciones de movimiento que el ejército israelí impone a los palestinos en Cisjordania. Eso ha provocado el incremento de los costes de los donantes que apoyan esos proyectos de tratamiento de las aguas, quienes, a su vez, han tenido que recortar sus gastos.

Tras los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993, se estableció un Comité Conjunto de Aguas entre la AP e Israel para abordar los problemas relativos al agua.

Una de las disputas entre las partes viene creada por la insistencia israelí en que las aguas residuales de los asentamientos se conecten a las futuras plantas de tratamiento de las aguas palestinas.

Los palestinos se niegan porque eso implica que los asentamientos son permanentes y dicen que su negativa a aprobar esa condición es una de las razones por las que los israelíes se niegan a autorizar la construcción de las plantas de tratamiento.

Al no haber una autoridad superior que pueda decidir sobre la discrepancia, la situación sólo puede ir a peor en el futuro.

“Nadie parece considerar que la cuestión del agua y el tratamiento de las aguas residuales es algo prioritario”, dijo Hareuveni a IPS.