“El derrame cambió abruptamente nuestra vida. Antes vivíamos tranquilamente. Tomábamos agua tranquilamente”, dijo Ramón Miranda Córdova, afectado por el derrame de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora. El accidente del 6 de agosto de 2014 les contaminó el agua. Hoy los vecinos deben buscarla en garrafones, pero a esos también les tienen miedo: “Los negocios de purificación no tienen filtros contra metales pesados”, dijo Miranda.

Tres años después del accidente, considerado por las autoridades medioambientales de México como el más grave en la historia de la minería nacional, los pobladores, organizaciones civiles y la Organización Mundial para la Salud (OMS), de las Naciones Unidas, advierten que la contaminación en el río Sonora subsiste.

Ramón Miranda, un comerciante de ropa y calzado de Ures, Sonora, se reclina en la silla buscando una posición más cómoda para hablar del tema. Se encuentra en la Ciudad de México, como parte de un programa de actividades con medios de comunicación para exhibir las condiciones actuales de la zona. Desde que Miranda se vio afectado por el derrame, éste se ha vuelto el tema que domina su día a día como habitante de una de las comunidades afectadas.

El 6 de agosto del 2014, una fuga de un depósito de la mina Buenavista del Cobre vertió 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en un arroyo que, a la postre, llevaría esos contaminantes a los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa, filial de Grupo México, fue señalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como responsable por el peor desastre ecológico en la historia de la industria minera en México.

Ramón Miranda y Mario Alberto Salcido Romo, otro afectado oriundo de Aconchi, Sonora, se miran a los ojos con nostalgia y coinciden en que las familias de la región no sólo se han visto afectadas por la incertidumbre de las consecuencias ecológicas. “El río era parte de nuestra vida, familias enteras lo usábamos como diversión; íbamos a nadar y a pasar un buen rato”, dijo Miranda. Para enfrentar la situación, los afectados se agruparon Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), Ramón Miranda pertenece al comité de Ures y Mario Alberto Salcido al de Aconchi.

Salcido dice que lo tenían todo resuelto con el río, “incluso en los paseos al río no teníamos que llevar agua, cavábamos un pequeño hoyo cerca del afluente que rápido se llenaba. Metíamos la cabeza para beber de esa agua fría”.

El derrame del miércoles 6 de agosto del 2014 afectó directamente a 22,000 personas e indirectamente a otras 250,000 en siete municipios situados a orillas del Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo.

Tras el derrame, las cosas se pusieron muy movidas en las comunidades de los alrededores. Miranda y Salcido cuentan que llegó mucha gente, muchos “licenciados y personas con traje”. Con ellos llegaron muchos policías, funcionarios, federales y estatales y personas que sólo “buscaron sacar beneficio de la situación”, contaron con un tono de enojo y frustración. Su mirada pasó de la nostalgia al enojo. Cambiaron de postura: dejaron de recargarse en el respaldo de la silla y colocaron las manos sobre la mesa.

Mientras todo era caos en la zona y los pobladores comenzaban a sentir miedo, las autoridades federales llegaron a un acuerdo con Grupo México: tras encontrar alrededor de 50 irregularidades en la mina, Grupo México fue sancionado con una multa de 24 millones de pesos y fue obligado a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender las afectaciones ambientales y sociales.

La reparación de los daños económicos a agricultores y ganaderos fue motivo de irregularidades, dijeron Miranda y Salcido. Éste, un agricultor que entonces tenía registradas dos hectáreas, recibió 20,000 pesos como resarcimiento. Según los pobladores, las indemnizaciones no son equiparables con el nivel de las afectaciones.

En la lucha

Después de tres años y más de 10 amparos, los afectados ganaron uno: por la contaminación del agua en dos pozos. En el fallo del juicio dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora en julio pasado se determinó que al menos dos pozos de los que se obtiene agua del río Sonora, los pozos Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con la concesión de este amparo, coinciden Miranda y Salcido, “se demuestra que el río sigue contaminado”. Esto es sólo una de las muchas promesas que no se han cumplido tras el incidente, insisten. Tras el derrame, les prometieron plantas potabilizadoras de agua, un hospital de especialidades y la remediación del daño ecológico. Ninguna de las tres ha sido entregada en tiempo y forma.

Grupo México, a solicitud de El Economista, emitió un posicionamiento vía correo electrónico en el que reitera que cumplió a cabalidad con lo requerido por los gobiernos federales y locales, además de que aún brinda apoyo a la población cuando se requiera. En la comunicación, recibida el viernes 4 de agosto, Grupo México aseguró que apoya a los municipios colindantes con el río Sonora con la entrega de nueve plantas de tratamiento de agua, siete equipos de construcción y transporte, así como la realización de cinco obras de pavimentación e infraestructura y la provisión de materiales diversos. Afirmó haber beneficiado a más de 3,000 habitantes con programas de educación, salud, medio ambiente, deporte y recreación.

Para Miranda y Salcido, las acciones de Grupo México han sido insuficientes e incluso, en algunas, nulas.

En una rueda de prensa ofrecida por representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dedicada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, el martes en la Ciudad de México, se aseguró que de acuerdo con la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), en julio del 2017 se contabilizaron 381 personas enfermas por la presencia de desechos tóxicos en sangre y orina. Aunque estos pacientes requieren atención médica, Grupo México ha retrasado la creación del centro de atención médica que se comprometió a construir, dijeron Miranda y Salcido en una entrevista posterior.

La gente a lo largo de la cuenca del río no usa el agua con la misma confianza que antes. No es de extrañar, coinciden Miranda y Salcido, que a la orilla del río hayan proliferado los negocios de purificación de agua. “No tienen filtros contra metales pesados”, advirtió Miranda. La gente compra el agua en garrafón, “pero sólo hay que sacar números, y si ganan el mínimo y los garrafones cuestan como 30 pesos, o beben agua o viven”.