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Defensores ambientales y del agua, bajo riesgo

19 junio 2017

17 de junio de 2017
Fuente: El Siglo de Durango

La labor que desempeñan las personas defensoras de los derechos ambientales en México, incluyendo la defensa del derecho humano al agua, es de gran importancia puesto que contribuye a la promoción y protección de la democracia ambiental.

Recientemente, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, expresó su preocupación por el inquietante número de asesinatos y casos de violencia que, sin duda, subestima la verdadera magnitud de las amenazas y los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos ambientales.

En su visita a México el relator señaló que las comunidades indígenas que protegen sus tierras tradicionales, codiciadas por quienes buscan el desarrollo de megaproyectos y la explotación de bienes naturales, frecuentemente se enfrentan a cargos criminales por protestar contra esos proyectos, incluso si es evidente la falta de consulta previa y significativa.

Lo anterior se agrava a medida que aumenta la demanda mundial de bienes naturales. En este escenario el medio ambiente es la disputa y el nuevo frente para los derechos humanos en el que activistas, comunidades, pueblos, abogados y demás profesionistas alzan su voz para evitar daños al entorno y promover alternativas a la devastación del planeta por medio de un desarrollo sostenible.

La situación de personas defensoras de derechos ambientales en México es preocupante pues durante 2016 continuaron las agresiones en contra de quienes defienden agua, aire, tierra, flora y fauna en el país, registrándose 63 ataques en diversas modalidades.

De 2010 a 2016, se registraron 303 casos de ataques a personas defensoras ambientales. Las entidades de la República donde se registró el mayor número son Estado de México y Sonora con 12 casos, Veracruz y Chiapas con 3, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California con 2, y Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con uno.

Las agresiones más comunes fueron dirigidas a personas, 139; y en menor medida a organizaciones de sociedad civil, 10, y comunidades, 20.

Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresión son los hidráulicos, con 17 -incluyendo políticas públicas en torno al agua-, 5 inmobiliarios, 4 despojo de tierras, 4 por eólicos, 2 por contaminación, 2 turísticos, 2 transgénicos y 2 por tala clandestina.

De los 63 casos el bien natural más afectado es la tierra y el territorio con 27 casos, seguido del agua con 24, bosque y medio ambiente en general con 5 cada uno, y ecosistema costero y manglar con un caso cada uno.

Agresiones recurrentes fueron la amenaza, 24 %, intimidación, 19 %, criminalización, 18 %, y agresión física, 15 %.

Otras agresiones registradas fueron hostigamiento, 11 %, difamación, 6 %; privación ilegal de la libertad, desalojo forzoso, allanamiento y robo en 2 % cada uno. Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en Chihuahua, vinculado con tala clandestina.

Resulta preocupante que el Estado mexicano no realice un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones que sufren las personas defensoras del medio ambiente, toda vez que en muchas ocasiones son las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones.

De acuerdo a los datos obtenidos, el 43 % de las agresiones provino de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno: 56 % por estatales, 22 % por federales y 22 % por municipales. El 14 % fue cometido por particulares, 7 % por personal de empresas, 3 % por gente de comunidad y 2 % por crimen organizado. En el 31 % no fue posible identificar a los agresores.

Corrupción e impunidad han sido señaladas como factores que propician las agresiones así como el incremento de los conflictos socioambientales por intereses implicados.

Si bien la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas deriva del contexto de ataques a defensores de derechos humanos ambientales y su implementación es producto de recomendaciones de organismos de Naciones Unidas a México para enfrentar la situación, la medida es insuficiente hasta que no se atiendan y resuelvan las situaciones de fondo que causan los conflictos socio-ambientales.

Léo Heller, Relator de la ONU sobre Agua y Saneamiento, fue informado de lo anterior para sus recomendaciones al Estado mexicano.