Quitarle su agua a los alteños tendrá “consecuencias terribles”

07 julio 2017

6 de julio de 2017
Fuente: Milenio
Nota: Agustín del Castillo

El coordinador del observatorio del agua señala que la Unops no ha estimado el daño social y económico del trasvase; reitera que impugnarán la decisión del gobernador porque daña a una región.

Guadalajara.- El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, afina sus baterías para enfrentar el desafío de la decisión del gobernador de permitir la inundación de Temacapulín, al elevar la cortina de El Zapotillo a 105 metros para sostener el trasvase a la ciudad de León, Guanajuato.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del organismo formado en 2014 por decreto del propio ejecutivo, y cuyas recomendaciones son vinculantes, advirtió que el anuncio de Aristóteles Sandoval Díaz abre una nueva etapa en la fuerte controversia en el uso de agua de una cuenca que aporta alrededor de 240 mil millones de pesos al producto interno bruto de Jalisco y México, para beneficiar a una ciudad enclavada en otra cuenca, cuya riqueza anual ronda 218 mil millones de pesos, de acuerdo a datos publicados por el INEGI en 2015. “Es evidente que hay un problema de injusticia con el derecho humano que tienen los habitantes de Temaca y los otros poblados, pero hay además un fuerte perjuicio a derechos humanos, económicos y sociales de Los Altos porque se le quiere arrebatar su agua”, advirtió en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Nosotros iremos más a fondo con este trabajo, no nos quedaremos con datos que no tengan un sustento; el pasado viernes estuvimos con representantes de empresarios de la región, y ellos quieren que esto se lleve a los niveles que sean necesarios, porque está el futuro de Los Altos en juego de manera inmediata, con el impacto que tiene quitarle el agua; a quienes tengan dudas de si los trasvases funcionan o no, hay un ejemplo vigente, álgido, en el tema del trasvase en España del río Tajo al río Segura; los afectados tienen una red de gente que está aportando elementos, y eso debe ser un espejo para Jalisco […] el agua no parece por decreto, hay condiciones que no están siendo ponderadas lo suficiente”, explicó.

A su juicio, el sector agua oficial en México no se quiere ver en otras realidades, pero “hacerlo nos evita cometer errores; no creo que ese disgusto sea por la arrogancia de que son sabelotodo, sino porque saben que verse en un espejo como este alertaría a la gente y la despertaría; entonces vamos a continuar trabajando, y si el gobernador quiere que lo que le enchulemos, por decir, un informe, pues bueno, con 90 millones de pesos se lo hubiéramos entregado con chapa de oro; no se trata de hacer informes abultados ni difusos, sino que tiene que ser comprensibles para la gente, y sobre todo soportado en la documentación oficial que existe”.

De este modo, se debe reparar en aspectos como la sobreexplotación de acuíferos; lo que hace la Conagua de la disponibilidad de aguas superficiales, y la historia que nos dieron por trasparencia del comportamiento de la cuenca; todos esos documentos apuntan a un sentido que se apega mucho a que el tamaño de la presa sea a 60 metros, que desechan porque no le daría cabida al trasvase, pero es que está fundamentado que no es posible hacer un trasvase desde donde no hay agua suficiente; si eso se realizara se le tendría que quitar, como dijo el director de la CEA en una ocasión, el agua a la gente del sector agropecuario, y eso obviamente traerá unas consecuencias terribles”.

Es decir, “hay evidencias de lo que habría como consecuencias al ambiente y socioeconómicas para la región, además de evidencias de que el río Verde no está aportando esos volúmenes de agua; es un escenario sobreestimado, para que se produzca el trasvase y tener agua en las tres regiones no hay elementos, al menos de lo que tenemos nosotros, que sostengan esa afirmación […] por otro lado, si se reducen volúmenes, qué precio tendría que negociarse con León, si ellos ya tienen un título de asignación por 120 millones de metros cúbicos, es decir, un derecho; habría que pagarle a Abengoa de todas maneras, completo, porque a ellos los contrataron para un trasvase de 3.8 m3 por segundo; entonces no entendemos cómo podemos hacer una valoración de esa naturaleza, o si omitió el estudio de la Unops [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos], para presentar escenarios como los que acepta el gobernador; creo que dejaron de lado muchas cosas, no consideraron el medio ambiente, los impactos del trasvase, el impacto de la construcción del acueducto, porque no es solo la construcción de la presa; la presa se construye para un trasvase, y esas consecuencias no están ponderadas ahí”.

– ¿En qué medida la postura del gobernador cambia el trabajo del observatorio y todo lo que han planteado en tres años, la cancelación del trasvase de forma destacada?

– En ese sentido creemos que va a ser un tanto favorable en cuanto a la reacción que se está dando de la gente; es muy lamentable que tengamos un gobernador que se dice vencido, sin pelear, y una soberanía que él representa, ya no digamos una imagen personal […] es muy claro que todo esto lo detona un decreto que considera solo el agua del río Verde para uso público urbano, pero qué pasa con los demás usos […] que pasa también con esa aparente sustentabilidad que le quieren dar a un análisis, nunca presentaron un escenario sin la presa, parece que todo lo hicieron para cuadrar el decreto de 1995, que es inaceptable para nosotros.

En resumen, para el observatorio, el de la Unops es un enorme y costoso ejercicio para sustentar una simulación de definir de modo objetivo la realidad del agua del río Verde, por lo que mantendrán las denuncias en el plano jurídico tanto en tribunales nacionales como ante la propia sede de la institución en Copenhague, Dinamarca. También se abre el espacio para reclamar ante tribunales administrativos el reiterado incumplimiento del gobierno del estado a las recomendaciones emitidas por el observatorio. Es decir, hay conflicto para rato.