Hermosillo, Son. (El Universal) Con la aprobación de una nueva Ley General de Aguas como pretenden el PRI, PAN y PVEM, no sólo se les entregaría el recurso a particulares, sino que significaría también jugosos negocios para los amigos del presidente y gobernadores, alertó la diputada del PRD, Lorenia Valles Sampedro. 

La propuesta actual profundiza un modelo de gestión que ha demostrado ser insustentable, inequitativo y discriminatorio. Convocamos a la movilización ciudadana para exigir una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano.

En la Cámara de Diputados  el jefe de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, sostiene que la ley privatiza la distribución y suministro del vital líquido a los domicilios, el priista Manlio Fabio Beltrones lo niega.

La propuesta de reformas a la Ley General de Aguas que impulsan PRI, PAN y Partido Verde para ser aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados es totalmente privatizadora y representa un robo desvergonzado a la nación, ya que deja en manos de particulares la explotación y aprovechamiento de las cuencas hídricas, nulificando el derecho humano de acceso al agua, advirtió el Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya.

Ciudad de México. (SinEmbargo).- La nueva Ley General de Aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones, afirmaron legisladores de oposición conforme avanzan en el análisis de la legislación que aprobará la Cámara de Diputados.

La doctora Alejandra Meza Velarde manifestó su preocupación y la del mundo académico y de participación social por la posible aprobación fast–track de la Ley General de Aguas, de espalda a la sociedad, y cuyos postulados son, a decir de la experta, contrarios al Artículo IV Constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

De aprobarse este dictamen se violentaría una norma de la OMS al disminuir la cantidad de agua del que comprometió el Estado mexicano por cada uno de sus habitantes.

Manlio Fabio Beltrones Rivera indicó que la iniciativa de ley asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, y propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas.

La nueva Ley General de Aguas beneficiará a megaempresas que incurren en malas prácticas, advirtió Pedro Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

No permitió la Cámara participación social y violó su reglamento.

"La jardinería requiere mucha agua, especialmente en la forma de sudor".

Lou Erickson.
 
 
Cada vez que la clase política decreta un nuevo "derecho humano", los mexicanos tenemos razones para temblar. Los derechos a la tierra, a un salario remunerador, a la salud o a la vivienda hoy en la Constitución sólo han servido para enriquecer a algunos políticos o para generar burocracias y evitar que estos bienes se vuelvan accesibles.

Criminaliza la investigación científica y legaliza la contaminación del recurso.

Dan a conocer documento sobre la ley general, la cual limita a 50 litros diarios el consumo por persona, cantidad que pone en riesgo la salud; además, deja sin acceso a localidades rurales e indígenas.

Académicos de institutos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la iniciativa de Ley General de Aguas –aprobada ayer por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que hoy podría ser analizada por el pleno– violenta la libertad de investigación sobre este recurso natural.

La Ley de Aguas no dará beneficios a los mexicanos, contrariamente aumentarán las tarifas a los consumidores y los sectores más vulnerables tendrán menor acceso al vital líquido, advirtió el diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contienepuntos contrarios a garantizar el derecho humano al agua y cuyos preceptos derivarían en un aumento en las tarifas a consumidores, lo que afectaría sobre todo a los sectores más vulnerables, explican especialistas.

De ser avalado y corroborado este dictamen, primero por el pleno de San Lázaro y luego por el Senado de la República, operaría un sistema de concesiones para la distribución del agua que se estaría cobrando por ello.