Hacia una nueva ley de agua en México

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Asamblea General de la ONU lo reconoció así el 28 de julio de 2010 en la resolución A/RES/64/292.

En México, este derecho forma parte de la Constitución Política desde el 8 de febrero de 2012, al reformarse el artículo 4o:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución

En el artículo tercero transitorio de esta modificación se refiere a que “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”

Es indispensable que la academia y la sociedad civil organizada, participen de manera activa en el proceso de elaboración de una nueva ley que garantice la sustentabilidad en el aprovechamiento de este recurso, un acceso equitativo, así como una transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos para propiciar un acercamiento a la gestión del agua, de tal manera que se generen esquemas de gobernanza en los que todos seamos partícipes y responsables de su manejo y cuidado.

Durante la LXII legislatura, surgieron propuestas de la sociedad civil organizada y del gobierno sobre esta ley, se sometió a una breve discusión sin que se llegara a un acuerdo, por lo que su promulgación quedó en espera de una nueva discusión.

Actualmente se están definiendo nuevas propuestas y se han llevado a cabo varios eventos de análisis y debate.

Para la construcción de esta sección se contó también con el apoyo de GIZ