Nacionales

Piden no visitar cascadas de Agua Azul por la represión a zapatistas

17 diciembre 2007

 

Elio Henríquez (Corrresponsal)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de noviembre. El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) envió una brigada de observación a la comunidad de Bolon Ajaw, municipio de Tumbalá, para tratar de frenar la “brutal represión implementada” contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Al mismo tiempo convocó a realizar una campaña para boicotear las visitas a las cascadas de Agua Azul –uno de los principales sitios turísticos de la entidad– “hasta que no cesen las agresiones, hostilidades y amenazas de desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw”.

En un comunicado, el CAPISE aseguró que en ese poblado, perteneciente al municipio autónomo Olga Isabel, y en otras zonas del territorio indígena de Chiapas, “el propósito del desalojo forzado ha alcanzado límites máximos de tensión”.

Reiteró que “la sistemática operación de contrainsurgencia implementada contra los pueblos zapatistas empieza a alcanzar situaciones extremas”.

Sostuvo que uno de los puntos de mayor tensión es Bolon Ajaw, por lo que hoy partió hacia ese lugar una brigada especial de observación, conformada por 12 personas, que permanecerá con los pobladores para brindarles acompañamiento y documentar los hechos que se sucedan en su contra.

Advirtió que si los integrantes de la misión o algún poblador es agredido por miembros de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), el CAPISE –por vez primera– presentará una denuncia penal en contra de la dirigencia y los agresores directos.

Agregó que la querella incluiría a José Hernández Nava, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región Frontera Sur, a quien la bases de apoyo del EZLN acusan de estar “coludido” con los priístas.

El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en 2001”. Actualmente lo habitan 41 familias, que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de la Opddic.

El CAPISE aseveró que desde septiembre pasado la realidad que viven los habitantes del lugar “se ha tornado crítica (…) la situación de los pobladores de Bolon Ajaw se ha agravado alarmantemente (…) el nivel de las agresiones llegó a un punto crítico”.

Sostuvo que “es por demás flagrante la total impunidad con que operan los miembros de la Opddic, en articulación con José Hernández Nava, y con el puesto de la policía de Seguridad Pública destacamentado en el desvío de la carretera hacia las cascadas de Agua Azul”.

La agrupación hizo un llamado a todas las organizaciones y personas de México y de otros países a manifestarse públicamente contra “la represión que padecen los pueblos indígenas zapatistas”, al tiempo que convocó, en el contexto de la Campaña Mundial por la Defensa de la Tierra y el Territorio, a realizar una campaña “donde se indique: ‘No visites las cascadas de Agua Azul hasta que no cesen las agresiones, hostilidades y amenazas de desalojo contra las bases de apoyo zapatistas de Bolon Ajaw’”.

Nacionales

Una contrarreforma para acabar con los manglares

17 diciembre 2007

 

Iván Restrepo
El viernes próximo se cumple un año de que el Poder Legislativo aprobó medidas para proteger en el país uno de los ecosistemas más importantes del planeta: los manglares. Esto se logró pese a la presión de los gobernadores de entidades costeras que, con honrosas excepciones, son promotores inmobiliarios de los inversionistas extranjeros y nacionales interesados en ocupar las áreas litorales más bellas y frágiles del país so pretexto de crear empleos. Se impusieron finalmente los criterios de interés público y social, pues los manglares, además de su enorme riqueza natural, son fuente de trabajo para miles de familias, zona de anidación, reproducción, refugio, alimentación de numerosas especies, además de ser la mejor protección contra la erosión marina y los huracanes.

En el pasado, y en aras de una riqueza fácil, los inversionistas, de mano de los funcionarios, destruyeron enormes extensiones de manglar para edificar hoteles, fraccionamientos, marinas, campos de golf, o establecer granjas de cultivo de camarón. También el gobierno los destruyó para dar paso a obras públicas para la explotación de los hidrocarburos, la ampliación de las terminales marítimas o los asentamientos humanos, por ejemplo.

Luego de los desatinos que en materia ambiental cometió la administración pasada (como permitir la destrucción de ese ecosistema), finalmente el Congreso de la Unión acordó poner fin a la depredación y sancionar a los infractores. Esta medida fue reconocida por la comunidad científica nacional e internacional y las numerosas agrupaciones que luchan por un desarrollo sustentable, pues conservar y acrecentar las extensiones que todavía existen con manglares es proteger también a las poblaciones, la infraestructura pública y privada, las actividades económicas y la riqueza marina del litoral.

Cuando se pensaba que el tema estaba cerrado, se conoció el contenido de un anteproyecto de decreto para conceder vía libre a fin de que especialmente los “desarrolladores” turísticos, puedan destruir manglares a cambio de realizar “medidas compensatorias” para repoblar otras áreas costeras con el doble de la extensión “afectada”. La iniciativa fue presentada por la diputada Marina Arvizu, del Partido Alternativa Social Demócrata.

La legisladora, además de mostrar su ignorancia, no ocultó a los verdaderos promotores de la modificación: pertenecen por igual a los estados con gobernadores del partido en el gobierno, como Baja California, o del PRI, como el de Quintana Roo. El de esta última entidad declaró que las modificaciones son para “perfeccionar” la ley. Se denuncia que en ese empeño también hay la presión del gobierno y las corporaciones hoteleras españolas, que hoy reinan especialmente en el Caribe mexicano. Y además, de legisladores con intereses en la actividad turística.

La ignorancia de lo que es un manglar, cómo funciona, su fragilidad y las tareas que cumple, se manifiesta en este intento por modificar la Ley General de Vida Silvestre. Ahora la diputada y sus padrinos políticos y empresariales nos quieren hacer creer que podemos sembrar de manglares virtualmente los 11 mil kilómetros de franja costera nacional. Ese milagro supera el de la multiplicación de los panes y los peces. Pero contradice lo que el licenciado Calderón proclama cuando aborda el tema ambiental: no permitir un falso desarrollo a costa de la naturaleza, la calidad de vida de la población y la seguridad nacional. En el plano internacional deja sin efecto su discurso sobre la urgencia de medidas para evitar los efectos del calentamiento global, uno de los cuales ocasiona la erosión de la zona costera, siendo los manglares básicos para evitarla. Eso se dijo en la reciente conferencia de Bali sobre el cambio climático. Allí se insistió en la necesidad de reordenar las áreas litorales, pues el avance del mar destruye poblaciones, obra pública y actividades económicas.

Ante la protesta generalizada que despierta esta contrarreforma, los legisladores aplazaron su votación hasta febrero próximo. La aprobarán con los votos del PRI y el PAN, como ya es costumbre. Todos pagaremos por esta nueva agresión a la naturaleza.

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