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Hacia una nueva Ley de Agua en México

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Asamblea General de la ONU lo reconoció así el 28 de julio de 2010 en la resolución A/RES/64/292.

En México, este derecho forma parte de la Constitución Política desde el 8 de febrero de 2012, al reformarse el artículo 4o:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución

En el artículo tercero transitorio de esta modificación se refiere a que “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”. Sin embargo, 9 años después del reconocimiento del DHAS esto no se ha cumplido.

A lo largo de estos años, diversas organizaciones, instituciones, académicos, pueblos y comunidades, entre otros actores, han trabajado para la aprobación de una Ley General de Aguas. Recientemente (agosto de 2021), se publicó el documento “Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado. Ley General de Aguas”.

La propuesta de proyecto surgió del Programa Nacional Estratégico (Pronaces) “Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-natural del Agua para el bien común y la justicia Ambiental” (pronaces-agua), mismo que es operado desde el ámbito académico con la participación de diversas instituciones, universidades y personas preocupadas por el retraso en la aprobación de una nueva Ley de Aguas.

El dictamen recupera las propuestas de ciudadanos que mediante cientos de foros a lo largo de nueve años, se han sumado para exigir una modificación al modelo de gestión actual de los recursos hídricos en el país y presenta una propuesta para la aprobación de una Ley General de Aguas.

La Ley General de Aguas tiene por objeto:

“Establecer la coordinación y participación de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios y demarcaciones territoriales, los pueblos y comunidades indígenas y todas las personas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos asociados al agua en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y equitativa, mediante la protección del derecho a un medio ambiente sano asociado con la administración y gestión integrada de los recursos hídricos. Asimismo, regula el uso y aprovechamiento equitativo de las aguas propiedad de la Nación dentro de los límites del territorio nacional, así como la gestión de riesgos asociados con el agua, con el fin de asegurar un desarrollo integral y sustentable”.

En este sentido, la Ley General de Aguas busca:

• Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos a los que el Estado mexicano hace parte.
• Determinar los principios, elementos, bases y directrices del acceso, gestión, administración y aprovechamiento integral, sustentable y equitativo de las aguas en el territorio nacional.
• Establecer las instancias, instrumentos y procedimientos para la participación de la federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales y la ciudadanía.
• Establecer las directrices para detener la degradación de los flujos superficiales y los sistemas de flujo subterráneo y para la restauración parcial o total de estos flujos en cantidad y calidad.
• Regular el aprovechamiento productivo de los recursos hídricos del país.
• Garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable de la prestación de los servicios públicos y comunitarios de agua y saneamiento, así como fortalecer las bases de su operación.
• Establecer las bases de las políticas públicas que garanticen la perspectiva de género, la intercultural y la etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gobernanza del agua.
• Garantizar el uso y disfrute preferente del agua a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los territorios que habitan y ocupan, así como el respeto a sus usos, costumbres y formas de gobierno en relación con el agua.
• La eliminación progresiva de la contaminación de los cuerpos y corrientes de agua, así como la prevención y sanción de actividades que destruyen o deterioran las cuencas y acuíferos.

Para la construcción de esta sección se contó también con el apoyo de GIZ